Lo hizo por medio de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Mientras el Gobierno sigue sin debatir la nueva ley de semillas, estableció un protocolo para el control de la identidad varietal en grano a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega.
La norma aplica a todos los cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de su publicación.
“A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina. Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas”, explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4000 millones de dólares anuales”, agregó en un posteo en la red social X.
A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina.
Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se…
— Manuel Adorni (@madorni) June 8, 2026
Cómo es el nuevo protocolo para las semillas
La resolución establece un nuevo protocolo de control para verificar la identidad de las variedades de semillas en Argentina durante la etapa de entrega de granos.
El objetivo principal, según señala el Gobierno en los considerandos de la medida, es proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores de variedades vegetales mediante el uso de tecnologías modernas de análisis.
La norma precisa que el protocolo se aplica “a partir de las muestras tomadas en el primer punto de entrega del grano” y que todos los establecimientos que funcionen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
El artículo habilita al responsable del establecimiento a “suscribir acuerdos con entidades del sector del comercio de granos y/u otras entidades privadas con el objeto de garantizar el financiamiento de las actividades previstas” y la coordinación logística de las muestras.
Fuente: Cronista.
