La jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen, convalidó el pedido de la defensa de Oscar “Chicho” Gálvez, y dispuso su alojamiento en la unidad penitenciaria capitalina. El hombre de 45 años está acusado de comercializar cocaína a un selecto grupo clientes de alto poder adquisitivo en el centro de la ciudad. Su abogado, alegó problemas graves de adicción y un severo cuadro de abstinencia, por lo que el Cuerpo Médico Forense deberá evaluar su estado de salud.
Tras una audiencia clave, realizada ayer, la Justicia resolvió dictar la prórroga de detención, tal como lo solicitó Fiscalía y ordenó su inmediato traslado al Penal de Varones de la ciudad Capital, cumpliendo con el pedido de la defensa.
La investigación penal preparatoria, liderada por la fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Dra. Florencia Torrez Cianferoni, se había originado el pasado 27 de enero de 2026 tras una denuncia anónima. A partir de ese momento, el personal de la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició tareas de inteligencia, seguimientos discretos y vigilancias fijas en torno al domicilio del acusado: un edificio de departamentos ubicado en la calle Urquiza, entre Buenos Aires y 25 de Mayo.
De acuerdo con los informes de los “sabuesos” federales, Gálvez desplegaba una actividad delictiva hermética. Contaba con una pequeña cartera de clientes con un elevado poder adquisitivo, lo que le servía para mantener discreción, evitar sospechas de los vecinos y pasar inadvertido ante controles policiales de rutina.
La modalidad de venta y el golpe policial
Las pesquisas de la Policía Federal determinaron que el imputado utilizaba tres modalidades bien definidas para concretar las transacciones de droga de máxima pureza. El imputado operaba directamente dentro de su departamento en pleno centro; realizaba transacciones veloces en la vereda por un pasamano del edificio o por “delivery”, en tanto se trasladaba para abastecer a sus compradores habituales.
El quiebre de la investigación se produjo durante una vigilancia en la intersección de Urquiza y Olaechea. Los agentes interceptaron a un presunto comprador que acababa de entrevistarse con el acusado; al ser demorado, el consumidor reconoció de forma espontánea que “Chicho” Gálvez le había provisto una “bolsa de cocaína” a cambio de una suma de 20.000 pesos en efectivo.
Con este cúmulo de evidencias biológicas y testimoniales, la fiscal Torrez Cianferoni solicitó la correspondiente orden de allanamiento al Juzgado de Control. El procedimiento se ejecutó el pasado 22 de mayo, oportunidad en la que las fuerzas federales irrumpieron en el departamento, logrando la captura del investigado y el secuestro de 17,8 gramos de cocaína fraccionada, un gramo de marihuana, una balanza de precisión digital, recortes de nailon listos para el acondicionamiento de las dosis y 63.000 pesos en billetes de diversa denominación.
Riesgos procesales y estado de salud
Durante la audiencia formal, la fiscalía fundamentó la necesidad de prorrogar la detención del imputado basándose en la existencia de riesgos procesales concretos, con énfasis en el peligro de entorpecimiento de la causa, debido a que todavía restan tomar declaraciones testimoniales.
A su turno, la defensa de Gálvez se opuso a la continuidad de la medida de fuerza y argumentó que su asistido padece una profunda adicción a las sustancias estupefacientes y que se encuentra atravesando un cuadro de abstinencia dentro de la sede de la División Antidrogas de Las Termas de Río Hondo. Por tanto, solicitó el traslado urgente del imputado a la ciudad Capital para favorecer la contención y cercanía de su grupo familiar directo.
Al momento de resolver, la jueza María Pía Danielsen adoptó una postura intermedia. Por un lado, avaló el requerimiento fiscal de mantener tras las rejas al imputado para salvaguardar el avance de la producción de pruebas y ordenó su traslado al Penal de Varones de la Capital. Sin embargo, para atender los reclamos de la defensa, la magistrada dispuso que Gálvez sea examinado de forma exhaustiva por los profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes dictaminarán científicamente si las patologías de adicción que alega padecer resultan o no compatibles con el régimen de encierro de la unidad carcelaria.
