Diez integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron apartados preventivamente de sus funciones tras quedar bajo investigación por una serie de denuncias de extrema gravedad presentadas por mujeres detenidas en el Penal N° 51 de Magdalena.
Entre los desafectados figuran autoridades jerárquicas de la unidad carcelaria y personal del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), señalado como responsable de un procedimiento que terminó bajo la lupa de la Justicia y de organismos de derechos humanos.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense mientras se desarrollan actuaciones administrativas y judiciales para determinar responsabilidades.
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata. Según la presentación, los hechos habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4, en coincidencia con las actividades vinculadas a la movilización de “Ni Una Menos”.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, todo comenzó tras un conflicto menor entre dos internas. A partir de allí, personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones y habría utilizado gas pimienta en espacios cerrados, además de impedir las vías de salida.
La denuncia sostiene que varias mujeres fueron obligadas a desnudarse delante de efectivos masculinos y que, frente a la resistencia de algunas detenidas, se habrían aplicado castigos físicos considerados prácticas de tortura.
El escrito presentado ante la Justicia describe golpizas, inmersiones forzadas de la cabeza de las internas en recipientes con agua para dificultarles la respiración y otros actos de violencia.
Además, se denunció que al menos dos mujeres habrían sido víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en un sector de la escuela del establecimiento penitenciario.
La Comisión Provincial por la Memoria también advirtió sobre presuntas maniobras posteriores para encubrir lo ocurrido. Entre ellas mencionó el traslado de tres denunciantes a otras dependencias y la destrucción de pertenencias personales.
