La administración que encabeza el presidente Javier Milei diseñó un proyecto para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de una fuerte inversión económica en bonos soberanos, una iniciativa inspirada en los programas globales conocidos como “visas doradas”. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral anuló el decreto de necesidad y urgencia del presidente que había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina.
El plan del oficialismo buscaba atraer fondos frescos de grandes inversores internacionales en medio de la persistente escasez de reservas que afecta al Banco Central. La propuesta económica estipulaba que aquellos ciudadanos extranjeros que adquirieran entre 500.000 y un millón de dólares en bonos del Estado argentino podrían acceder a un esquema de naturalización exprés.
El fallo también se dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de Seguridad Nacional para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones sobre lo resuelto y ponerla en conocimiento de todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar criterios respecto de la aplicación del decreto.
En qué consiste el polémico plan de Milei para “vender” la ciudadanía a inversores
La estrategia del Poder Ejecutivo nacional apuntaba a flexibilizar al máximo los requisitos históricos de naturalización para convertir a la identidad civil argentina en un activo financiero de atracción global. Según los borradores del Palacio de Hacienda y las normativas impulsadas por el entorno presidencial, el esquema preveía que cualquier persona extranjera que realizara un desembolso mínimo de medio millón de dólares en títulos públicos emitidos bajo legislación local recibiría un tratamiento prioritario y ultraveloz para obtener el pasaporte y los derechos de un ciudadano nativo.
Para implementar este mecanismo sin pasar por el debate del Congreso de la Nación, Javier Milei firmó un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia. Dicho DNU ordenaba transferir la competencia para otorgar y gestionar la ciudadanía argentina desde el Poder Judicial hacia la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo de turno. De esta manera, la Casa Rosada pretendía saltear el control de los magistrados federales y transformar la concesión de la nacionalidad en un trámite netamente administrativo, agilizando el flujo de los dólares de los inversores.
El fallo de la Cámara Electoral que anuló el DNU y frenó la iniciativa oficial
La avanzada del Gobierno libertario encontró un límite constitucional infranqueable en los tribunales de la Capital Federal. La Cámara Nacional Electoral (CNE) anuló el DNU de Milei tras considerar de forma unánime que el otorgamiento de la ciudadanía argentina es una facultad soberana que, por imperio de la Constitución Nacional, debe permanecer bajo la estricta órbita y control del Poder Judicial, y no en manos de una dependencia política del Ministerio del Interior.
Los camaristas argumentaron en su fallo que la modificación de las reglas de nacionalización e identidad civil mediante decretos presidenciales vulnera el principio de división de poderes y desprotege los registros electorales del país. La resolución de la Justicia Electoral desarmó por completo la arquitectura jurídica que la Jefatura de Gabinete había montado para sostener el negocio de los bonos, dejando sin efecto la transferencia de funciones hacia Migraciones y obligando al oficialismo a retrotraer la medida de manera inmediata.
