El estallido del caso PETA hace unos años provocó un fuerte impacto en Santiago del Estero por la enorme cantidad de damnificados que salieron a la luz. Sin embargo, a pesar de la masividad del fenómeno, el avance judicial enfrenta un freno invisible. Tras las consultas iniciales, muchas de las víctimas deciden no sostener el proceso formal de denuncia. En la mesa de la Mañana de Info con la Dra. Miryam Romagnoli nos explicó el funcionamiento de esta organización, calificándola como una combinación entre un esquema Ponzi y una estafa piramidal, sostenida sobre tres niveles bien definidos.
En la base de la estructura se encontraban los “inversores”, personas que ingresaban al sistema empujadas por la necesidad económica. Un escalón más arriba operaban los “líderes” o “empoderados”, vecinos comunes y visibles en la comunidad que obtuvieron grandes ganancias en poco tiempo y se encargaban de coordinar los grupos de WhatsApp y Telegram. La doctora explicó que estos eslabones intermedios tenían la obligación estricta de reclutar a 10 personas cada uno, quienes a su vez debían incorporar a otras 10 de manera sucesiva, generando una cadena sin fin que servía para financiar el sistema.
El enganche no era solo virtual, ya que la organización desplegaba una fuerte estrategia de marketing que incluía reuniones presenciales con estética de fiesta, entrega de merchandising y promesas de viajes. No obstante, el verdadero control del dinero se diluía al intentar escalar en la pirámide. La doctora detalló que llegar a la cima era imposible debido a que los fondos se movían a través de empresas fantasma y plataformas digitales diseñadas para borrar el rastro de los responsables directos.
“La cúspide era quien te abría o te cerraba la cuenta”, enfatizó, remarcando que los cerebros de la maniobra y los falsos CEOs se mantuvieron siempre bajo el anonimato de oficinas virtuales. Según la especialista, esta modalidad hace que los delincuentes en la cima sean prácticamente indetectables y protegidos ante la investigación tradicional. Mientras se intenta determinar el origen real de la plataforma, las estimaciones de la querella exponen la magnitud del fraude en la provincia, calculando que la cifra de afectados podría rondar las 50 mil víctimas.
