**Por Marcos Layus
“Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España”. Con estas palabras comienza el Acta de la Independencia sancionada en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. No se trataba de una mera formalidad jurídica ni de un gesto ceremonial, era la expresión de una voluntad política profunda: la decisión de un pueblo de gobernarse a sí mismo y de asumir la responsabilidad de construir su propio destino.
Cada 9 de Julio la Argentina vuelve la mirada hacia aquella jornada fundacional. Sin embargo, detrás de los actos oficiales, las escarapelas y los discursos de ocasión, subsiste una pregunta que conserva toda su vigencia: ¿qué significa ser independientes en la Argentina del 2026?
A poco más de cien kilómetros de la Casa Histórica de Tucumán, los santiagueños no observamos aquella gesta como un acontecimiento lejano. Formamos parte de una región que contribuyó con hombres, recursos y sacrificios al proceso emancipador y que aún hoy continúa debatiendo el alcance real del federalismo, la soberanía y el desarrollo nacional. La respuesta al interrogante nos exige ir más allá de la conmemoración en virtud de que la independencia no es una reliquia histórica ni una fecha que se recuerda una vez al año, sino que es una tarea permanente, una construcción política, económica, social y cultural que cada generación debe asumir o abandonar.
El historiador José Carlos Chiaramonte nos enseña que los hombres de 1816 no actuaban únicamente impulsados por sentimientos patrióticos. Lo que estaba en discusión era una cuestión mucho más profunda: la soberanía. Es decir, quién tenía derecho a decidir sobre el destino de estas tierras. Los congresales reunidos en Tucumán comprendían que ningún pueblo puede considerarse verdaderamente libre cuando las decisiones fundamentales son tomadas por otros. Por eso declararon la voluntad de romper los “violentos vínculos” que los unían a la Corona española y de “recuperar los derechos de que fueron despojadas” las Provincias Unidas.
La independencia fue, antes que nada, la recuperación de la capacidad de decidir y es precisamente allí donde el debate vuelve a adquirir actualidad.
Porque las formas de la dependencia han cambiado. Ya no existen virreyes, los mecanismos contemporáneos son más sofisticados. Operan a través de condicionamientos económicos, financieros, tecnológicos y culturales que muchas veces se presentan como inevitables. Se nos dice que no hay alternativas, que el ajuste es el único camino, que el mercado resolverá por sí solo los problemas de la sociedad, que el Estado debe retirarse de la vida pública y que la política ha pasado a ser un ámbito de resignación únicamente destinado a administrar decisiones tomadas en otros ámbitos.
La gran discusión de nuestro tiempo no gira únicamente alrededor de indicadores económicos, la verdadera discusión es quién define el rumbo nacional de la Argentina en 2026.Los representantes reunidos en Tucumán declararon que las Provincias Unidas tenían “amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia”. Esa frase expresa la esencia misma de la soberanía: el derecho de una comunidad política a elegir por sí misma cómo organizar su vida colectiva.
Sin embargo, el gobierno nacional parece transitar el camino inverso.
En nombre de una supuesta libertad absoluta se promueve el debilitamiento sistemático de las capacidades del Estado. Se recortan recursos destinados a la educación pública, se asfixia financieramente a las universidades nacionales, se paralizan programas científicos y tecnológicos, se desprecia la cultura, se castiga el consumo popular y se abandona cualquier política de desarrollo productivo que permita agregar valor al trabajo argentino.Mientras tanto, se celebra cada privatización, cada desregulación y cada retroceso del Estado como si se tratara de conquistas civilizatorias.
Existe una contradicción evidente entre conmemorar la independencia nacional y sostener al mismo tiempo que el Estado carece de herramientas legítimas para proteger sectores estratégicos, planificar el desarrollo o defender el interés colectivo. Una Nación que renuncia voluntariamente a sus instrumentos de acción difícilmente pueda ejercer plenamente su soberanía.
La paradoja es aún mayor cuando observamos que quienes más invocan la palabra libertad parecen desconfiar profundamente de la capacidad de los argentinos para construir un proyecto propio, es decir que se admira todo lo extranjero y se descalifica toda experiencia nacional. Se presentan como verdades indiscutibles recetas económicas que han demostrado sus limitaciones en numerosas partes del mundo y se confunde modernización con desmantelamiento y eficiencia con abandono.
La historia enseña que la dependencia rara vez se presenta como dependencia. Generalmente llega envuelta en promesas de prosperidad futura, eficiencia administrativa o inserción inteligente en el mundo. También, lamentablemente, enseña que los pueblos suelen advertir demasiado tarde aquello que han perdido.
Por eso conviene volver a Tucumán.
No para buscar respuestas automáticas a los problemas contemporáneos, sino para recuperar una convicción que animó a los protagonistas de aquella jornada: la certeza de que el destino de una comunidad debe ser decidido por ella misma.
Pero la independencia tampoco puede entenderse únicamente como una construcción institucional. El historiador Jaime Peire ha señalado que la patria es también una experiencia emocional. Se la siente, se la ama, se la sufre. Los sentimientos colectivos forman parte de las tramas más profundas de los procesos históricos y fueron un componente esencial de la construcción de la Nación. Por eso la patria no se reduce a un territorio, una bandera o una estructura jurídica. También habita en las memorias compartidas, en los sacrificios colectivos, en las esperanzas comunes y en la voluntad de construir un futuro entre todos.
Los hombres de 1816 no recibieron una Nación terminada. Como sostiene Chiaramonte, la Nación fue una construcción política antes que una identidad heredada. La edificaron con debates, acuerdos, conflictos e ideales. Comprendieron que la patria no era una realidad eterna sino una obra colectiva que debía ser sostenida por cada generación.
Y precisamente allí radica una de las enseñanzas más profundas que nos lega la independencia: cada generación recibe una herencia histórica y decide qué hacer con ella. La generación de 1816 enfrentó el desafío de romper los vínculos coloniales y proclamar la independencia. Tuvo que conquistar el derecho de estas tierras a gobernarse por sí mismas. Nuestra generación atraviesa desafíos diferentes, pero no por ello menos trascendentes. Ya no se trata de enfrentar a una monarquía extranjera ni de declarar la independencia ante el mundo, sino que se trata de preservar la capacidad de decidir nuestro propio destino en un contexto marcado por nuevas formas de dependencia económica, tecnológica, financiera y cultural. Se trata de defender la soberanía cuando la resignación se presenta como única posibilidad.
La generación de 1816 tuvo la misión de conquistar la independencia. La nuestra tiene la responsabilidad de ejercerla.
El Acta de la Independencia afirma que los congresales proclamaron su decisión impulsados por el “santo ardor de la justicia”. La expresión encierra una enseñanza profundamente actual. Los hombres de 1816 no aceptaban que el orden existente fuera inmodificable. No creían que la subordinación, la desigualdad o la dependencia constituyeran un destino inevitable. Por el contrario, entendían que la política debía servir para corregir injusticias y ampliar la libertad de los pueblos. Allí radicaba ese santo ardor: en la convicción de que una sociedad puede transformar su realidad cuando existe voluntad colectiva para hacerlo.
Quizás una de las diferencias más profundas entre aquella generación y buena parte del discurso dominante en nuestros días radique precisamente allí. Mientras los protagonistas de la independencia creían en la capacidad de la política para construir un futuro distinto, hoy se intenta convencer a los argentinos de que no existen alternativas posibles.
Los congresales de Tucumán comprometieron sus vidas, haberes y fama para sostener la independencia que acababan de declarar. Lo hicieron convencidos de que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino.
A doscientos diez años de aquella jornada, la pregunta sigue abierta.
Porque la independencia no se hereda.
Se ejerce.
Y ningún pueblo se independizó jamás resignándose.
