La crisis operativa y financiera de Flybondi entró en una fase crítica. Lleva diez días sin vuelos, pero continúa con la venta de pasajes, mientras el Estado nacional se mantiene ajeno al conflicto.
La compañía aérea low cost, considerada en su momento el emblema de la desregulación aerocomercial, se encuentra totalmente paralizada, sin poner un solo avión en el aire desde el 1° de julio. Según informó este viernes, La Política Online, a pesar de que los vuelos no figuran en las programaciones aeroportuarias, la firma sigue vendiendo pasajes a través de sus canales digitales. Eso sin contar que no emite alertas a los usuarios, quienes denuncian que son notificados de las cancelaciones el mismo día del viaje.
La última actividad registrada por la empresa ocurrió a principios de mes, cuando concretó diez vuelos —ocho de ellos con severas demoras— y canceló otros seis. Desde el 2 de julio, el cese de actividades fue absoluto. De acuerdo con el cronograma disponible en la web de Flybondi, las primeras operaciones tentativas recién aparecen programadas para el próximo lunes 13 de julio, lo que estirará el apagón operativo a un mínimo de once días consecutivos.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Transporte de la Nación, ni la Subsecretaría de Transporte Aéreo ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitieron sanciones o intimaciones para frenar la venta preventiva de boletos.
Corte de combustible y acefalía corporativa
Aunque la conducción de la empresa, encabezada por el empresario Leonardo Scatturice, optó por el silencio, fuentes del sector aerocomercial revelaron que el origen de la parálisis responde a un ahogo financiero con los proveedores estratégicos.
El conflicto estaría dado principalmente con YPF que habría suspendido el suministro de combustible bajo la modalidad de cuenta corriente. La petrolera estatal le habría exigido a la aerolínea el pago por adelantado de cada carga, una condición que la estructura de Flybondi no pudo afrontar en las últimas semanas.
Por otra pate, Scatturice no logró designar un reemplazo para la posición de CEO de la compañía tras la renuncia en junio de Paz Lovisolo, quien se alejó del cargo luego de cuatro meses de gestión. La salida de la máxima ejecutiva detonó una reacción en cadena, con múltiples dimisiones en la primera línea gerencial cuyos puestos clave permanecen vacantes ante la imposibilidad de la empresa de atraer nuevos directivos en medio de los rumores de colapso.
Pedidos de quiebra y deudas millonarias
El frente judicial de la empresa también se agravó en los últimos días con la formalización de dos pedidos de quiebra en los tribunales comerciales. El primero de ellos fue interpuesto por la tradicional firma de traslados Manuel Tienda León, que reclama una deuda consolidada superior a los 120 millones de pesos.
El segundo requerimiento, fue presentado por los apoderados del Hotel Presidente, establecimiento al que la línea aérea le adeuda más de 660 millones de pesos en concepto de alojamiento para sus tripulaciones.
De manera paralela, cientos de extrabajadores que se habían acogido a un plan de retiros voluntarios denunciaron públicamente que la firma incumplió los plazos legales de pago. Según los damnificados, las cuotas de las indemnizaciones acordadas y ratificadas ante escribano público nunca comenzaron a depositarse en sus cuentas, lo que anticipa una inminente ola de demandas laborales.
