El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero avanza con el juicio por trata de personas contra una madre y su hija, ambas oriundas de Añatuya, acusadas de haber captado a una adolescente de 17 años con la promesa de conseguirle trabajo en un local de ropa para luego explotarla sexualmente junto a otra menor de 16 años. La investigación sostiene que las víctimas permanecieron en una vivienda del barrio La Leñera, donde eran sometidas a encuentros sexuales con distintos hombres a cambio de dinero. La acusación es impulsada por la fiscal federal Indiana Garzón y las imputadas son asistidas por la Defensoría Oficial de la Nación.
Durante el debate oral, la Fiscalía reconstruyó el mecanismo con el que habría comenzado la captación. La principal víctima, una adolescente de 17 años con retraso madurativo, residía en un centro de contención de la ciudad Capital tras haber atravesado una historia marcada por el abandono y abusos. En ese lugar conoció a la hija de una de las imputadas, quien, según la investigación, aprovechó ese vínculo de confianza para convencerla de viajar a Añatuya con la falsa promesa de un empleo.
Al llegar a la denominada Capital de la Tradición, la situación cambió drásticamente. Según la acusación, la joven fue alojada en una casa alquilada por la principal imputada en el barrio La Leñera, donde permaneció prácticamente privada de su libertad durante casi tres semanas. En ese mismo domicilio también era explotada otra adolescente de 16 años, oriunda de Añatuya, que atravesaba el mismo circuito de sometimiento.
Juicio por trata de personas: el escape que permitió descubrir la presunta red de explotación
La causa dio un giro cuando la joven de 17 años logró escapar de la vivienda aprovechando un momento de descuido. Tras huir, corrió hasta el centro de Añatuya y buscó refugio en una confitería, donde pidió ayuda y contó lo que estaba viviendo.
A partir de esa denuncia intervino el fiscal Guillermo Farías junto con efectivos policiales de Añatuya y personal de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf), quienes activaron el procedimiento que permitió rescatar a las víctimas e iniciar la investigación que hoy se ventila en la Justicia Federal.
Durante la etapa de instrucción, ambas adolescentes declararon mediante el sistema de Cámara Gesell. Esos testimonios fueron incorporados al juicio y describieron un escenario de encierro, explotación sexual y violencia, además de revelar que las acusadas obtenían beneficios económicos a partir de los abusos que sufrían las menores.
Una fuerte declaración que fortalece la acusación
Uno de los elementos más contundentes para el Ministerio Público Fiscal surgió de la declaración de la adolescente de 17 años. Ante los investigadores y posteriormente en Cámara Gesell, la joven relató que observó cómo los hombres que llegaban a la vivienda entregaban dinero directamente a la principal acusada después de los encuentros sexuales.
La frase “Vi que le daban plata a la mujer” se convirtió en una de las principales pruebas de la acusación. Para la fiscal Indiana Garzón, ese testimonio acredita la existencia de un beneficio económico derivado de la explotación sexual, uno de los elementos previstos en la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.
La Fiscalía sostiene que esa declaración, sumada al resto de la prueba reunida durante la investigación, desarma cualquier planteo defensivo que intente desvincular a las imputadas del presunto circuito de explotación montado sobre la situación de vulnerabilidad de las adolescentes.
Las audiencias continuarán con la declaración de peritos, psicólogos, efectivos policiales que participaron de los allanamientos y otros testigos considerados claves para consolidar la plataforma probatoria presentada por la Fiscalía. Las dos imputadas continúan transitando el debate oral en libertad y permanecerán en esa condición hasta que el Tribunal Oral Federal dicte sentencia, prevista para los próximos días.
