Un peritaje elaborado por los especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectó marcadas inconsistencias y desajustes entre el patrimonio real de Manuel Adorni y los ingresos legítimos que declaró ante los organismos fiscales. Ante este escenario, la fiscalía federal evalúa emitir un requerimiento formal para que brinde explicaciones detalladas en el corto plazo.
El informe técnico de la DAFI fue incorporado de manera oficial al expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. El trabajo de los peritos contables consistió en reconstruir de forma minuciosa la evolución financiera de Adorni durante los últimos años, cruzando los datos de sus declaraciones juradas con sus movimientos bancarios, registros de propiedad, bases tributarias de la AFIP y consumos con tarjetas de crédito. Las notorias diferencias halladas por los expertos obligarán al exfuncionario a justificar el origen de los fondos bajo la advertencia de enfrentar una imputación penal formal.
Operaciones inmobiliarias y gastos
La causa penal tuvo su origen a partir de una serie de revelaciones periodísticas que expusieron compras de inmuebles, costosos viajes al exterior y gastos suntuarios que parecían exceder por completo la capacidad económica del entonces vocero de la Presidencia. El foco de los investigadores está puesto en los mecanismos de adquisición de las propiedades, el circuito de supuestos préstamos familiares, los pagos realizados de manera sospechosa en efectivo y el origen real de las divisas extranjeras utilizadas en las operaciones.
La situación del exministro se había vuelto frágil en el expediente luego de que él mismo admitiera ante la Justicia haber omitido declarar una porción significativa de sus ahorros en moneda extranjera ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El contraataque de la defensa
Como estrategia de defensa, el exjefe de Gabinete argumentó públicamente que esos fondos omitidos correspondían a inversiones privadas de alta rentabilidad y ahorros legítimos acumulados con anterioridad a su ingreso a la función pública en diciembre de 2023. Además, alegó que procedió a regularizar su situación de forma espontánea mediante la presentación de declaraciones juradas rectificativas y los correspondientes pagos impositivos de moratorias.
Sin embargo, para la fiscalía de Pollicita las rectificaciones tardías no anulan la presunción del delito. Con las conclusiones del peritaje de la DAFI sobre la mesa, en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py aseguran que la investigación penal ingresó en su etapa más crítica. El próximo paso procesal —que se concretará de manera inminente— será la citación de Adorni para que comparezca y aporte la documentación respaldatoria que intente validar la licitud de su crecimiento patrimonial.
