La investigación por un presunto cobro de sobornos a colectivos de “tours de compras” en el norte del país dio un giro clave. Los siete efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) pertenecientes a la delegación de Tucumán, quienes se encontraban bajo prisión preventiva, fueron excarcelados por disposición de la Justicia Federal de Santiago del Estero y recuperaron la libertad en las últimas horas.
La resolución se produjo luego de que los abogados defensores de los policías, Lucas Vieyra Ortiz y Fernanda Santín, solicitaran formalmente la habilitación de la feria judicial de invierno. La defensa requirió tratar con urgencia el análisis de nuevas declaraciones testimoniales que se incorporaron al expediente y que terminaron por derribar uno de los argumentos centrales que la fiscalía había utilizado para mantener encerrados a los uniformados.
El misterio del papel quemado que se esfumó
Un punto determinante en la causa radica en el esclarecimiento de la supuesta destrucción de un elemento de prueba fundamental. Al momento de las detenciones, la hipótesis del juzgado sostenía que los policías federales habían arrojado al fuego un papel o cuaderno en donde anotaban las sumas de dinero que ingresaban mensualmente por las coimas exigidas a comerciantes.
Sin embargo, los testimonios colectados en sede judicial desarticularon esa versión. Las personas que se encontraban en el lugar del operativo indicaron que en ningún momento observaron que los federales quemaran documentación alguna.
Además, los efectivos que ejecutaron el procedimiento en la ruta también coincidieron en que ninguno de ellos vio arrojar evidencias al fuego, contradiciendo el relato inicial provisto por uno de los integrantes de la propia fuerza federal.
Para los abogados defensores, estas declaraciones neutralizaron por completo el denominado “riesgo procesal” de entorpecimiento a la Justicia que pesaba sobre los acusados, abriendo paso inmediato a la vía de la excarcelación.
Delito de cohecho
Con el descarte de la destrucción de documentos, la acusación penal contra los siete policías tucumanos quedó circunscripta, de momento, al presunto delito de cohecho (recepción de dádivas o sobornos). Al tratarse de una figura jurídica que bajo las condiciones actuales del proceso es considerada excarcelable, la Justicia determinó que los investigados afronten las próximas etapas procesales en libertad.
La causa penal tuvo su origen tras un sorpresivo operativo cerrojo desplegado por Gendarmería Nacional en el paraje 27 de Abril, ubicado en el departamento Pellegrini de Santiago del Estero. La Justicia Federal intenta determinar si el grupo de policías federales había montado una estructura delictiva dedicada a interceptar en la ruta a los contingentes de compras que viajaban a la frontera del país, exigiéndoles sumas de dinero a cambio de permitirles continuar su viaje sin controles fiscales.
