El Gobierno de Javier Milei desembolsó un monto superior a los 51 millones de pesos para financiar el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas hacia la República de Panamá, en el marco del operativo de adiestramiento militar promovido por los Estados Unidos, PANAMAX 2026. Esto a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 650/2026.
La medida generó una fuerte controversia política e institucional debido a que el envío del contingente militar se concretó sin contar con la previa autorización del Congreso de la Nación, requisito exigido de forma explícita por la legislación vigente que regula la salida de tropas nacionales del territorio de la República.
El operativo, enmarcado dentro de las maniobras conjuntas de entrenamiento multinacional en Centroamérica, derivó en duros cuestionamientos por parte de diversos sectores de la oposición debido al gasto de fondos públicos en maniobras militares internacionales en medio del contexto de austeridad fiscal y ajuste económico.
El marco legal violado y la controversia constitucional por la salida de tropas
La salida de efectivos militares fuera del territorio argentino está estrictamente regulada por la Ley 25.880, normativa que establece que la autorización de las Misiones Militares al exterior es una facultad exclusiva y reservada al Poder Legislativo Nacional. De acuerdo con el marco legal constitucional, el Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, debe enviar de manera previa un proyecto de ley al Congreso para solicitar el permiso correspondiente antes de concretar cualquier traslado de personal de defensa.
En esta oportunidad, la orden ejecutiva se instrumentó sin el aval previo de las Cámaras de Diputados y Senadores, lo que motivó la presentación de pedidos de informes urgentes por parte de bloques de la oposición. Desde los sectores críticos señalaron que no se trataba de una situación de emergencia humanitaria ni de un conflicto sobreviniente que justificara la elusión del trámite parlamentario ordinario, configurando un antecedente preocupante en el respeto a la división de poderes y al control democrático sobre las Fuerzas Armadas.
El destino de los fondos y los detalles del operativo conjunto con Estados Unidos
El monto asignado para la misión ascendió a más de 51 millones de pesos, destinados a cubrir los costos de logística, viáticos, equipamiento y traslado del personal militar asignado a las maniobras. El operativo se desarrolló en territorio panameño bajo la coordinación y el mando del Comando Sur de los Estados Unidos, enfocado en ejercicios de adiestramiento, combate táctico en zonas selváticas y operaciones combinadas de seguridad regional.
-
Presupuesto ejecutado: Más de 51 millones de pesos transferidos directamente desde las partidas de las Fuerzas Armadas para la logística del viaje.
-
Composición del contingente: contingente de 56 efectivos militares. El grupo está conformado por 37 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales perteneciente a la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, acompañados por 19 especialistas dedicados a tareas de planificación y ciberdefensa distribuidos entre las tres ramas de las fuerzas.
-
Alineamiento geopolítico: La decisión refuerza el giro estratégico en política exterior promovido por la gestión de Javier Milei, caracterizado por una alianza prioritaria y directa con los Estados Unidos.
Punto clave: La falta de tratamiento de la ley de autorización de tropas privó al Parlamento de fiscalizar las condiciones de participación, la duración de la estadía y el detalle de la ejecución presupuestaria del despliegue militar.
Vale mencionar que el entrenamiento multinacional, programado para realizarse entre el 27 de julio y el 15 de agosto.
