La Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Gabriela Nahir Fernández, quien anteriormente se identificaba como Gabriel Fernández, debido a múltiples denuncias por violencia de género. En 2016, Fernández fue condenada a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. En 2018, durante el cumplimiento de esta pena, cambió su identidad de género y fue trasladada al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer, donde se le acusa de ejercer violencia contra otras reclusas y de dejar embarazada a una compañera de celda.
En libertad condicional, Fernández fue nuevamente denunciada por su pareja y reincidió en conductas violentas, lo que llevó a su reingreso a prisión en 2023. El 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba, con los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, ratificó la prisión preventiva y ordenó su traslado a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres, destacando que su presencia en el pabellón femenino puso en riesgo los derechos de 481 internas y de las funcionarias encargadas de su cuidado.
La resolución judicial indicó que Fernández ha sido denunciada por diversos actos de violencia de género tanto antes como después de su cambio de identidad. En abril de 2019, fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por ataques a otra reclusa en el pabellón femenino. A fines de 2019, otra pareja denunció a Fernández, y en 2022 se sumó una nueva denuncia. En 2023, violó una orden de restricción de contacto con una víctima, lo que resultó en su reingreso a prisión.
Los jueces reconocen que la situación de Fernández es compleja y remarcaron que la existencia de casos excepcionales como el suyo plantea desafíos para el sistema penitenciario, el cual no está completamente preparado para manejarlos adecuadamente. El Servicio Penitenciario también ha reportado dificultades para mantener la disciplina y la convivencia en el área de mujeres debido a la conducta de Fernández.
