El Gobierno ha decidido rechazar el pedido de nulidad presentado por Cristina Kirchner para impedir la eliminación de su jubilación de privilegio. La expresidenta había solicitado la restitución de una asignación especial de $21.000.000 netos mensuales a través de un recurso presentado ante la ANSES, presidida por Mariano de los Heros.
La solicitud fue realizada por el abogado Facundo Fernández Pastor, quien representa a la presidenta del Partido Justicialista. Fernández Pastor argumenta que la medida “viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional” y que no fue notificada adecuadamente. Además, busca la devolución de las sumas retenidas con intereses y costas.
La Casa Rosada ha decidido no dar lugar al planteo administrativo y espera que el conflicto se judicialice. En Balcarce 50 consideran que podrían perder la disputa si llega al Contencioso Administrativo, reconociendo que la intención de la medida “fue discursiva”.
La iniciativa fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sin contar con un dictamen interno del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. Algunos sectores del Gobierno criticaron la decisión y acusaron a Pettovello de ser “influenciada por la agenda judicial de Macri”.
La defensa de la medida está a cargo del secretario de Legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, quien argumenta que la confirmación de la condena por la causa Vialidad justifica el “mal desempeño” y la “vulneración del honor de la magistratura” conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.
El Gobierno también se respaldará en el artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.
Acusan a Cristina Kirchner de “indignidad” y de atentar contra el sistema democrático por “incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Citan como ejemplo la derogación de beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.
El Ejecutivo sostiene que las asignaciones especiales son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
