Justo 200 días después de asumir la Presidencia, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. El ambicioso proyecto “ómnibus” había entrado en la Cámara de Diputados en enero y durante seis meses sufrió innumerables recortes y modificaciones que permitieron al oficialismo alcanzar un consenso mínimo con los bloques de la oposición “dialoguistas”. A pesar de todo, el primer éxito legislativo del oficialismo finalmente incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.
“No es la ley que quería el Gobierno, pero es la ley posible”, resumió un diputado del radicalismo. El análisis era compartido -casi con las mismas palabras- por varios integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. Finalmente, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.
Si bien desde hace algunos días ya se descontaba que el oficialismo y los dialoguistas tenían los votos suficientes para ratificar la Ley Bases -con las modificaciones que se hicieron en el Senado- y para insistir con la redacción original de Ganancias y Bienes Personales, la votación podía esconder algunas sorpresas. Por eso el foco estuvo puesto especialmente en las posibles fugas del peronismo y en algunas defecciones del radicalismo.
La sesión comenzó con varias cuestiones de privilegio que en su mayoría apuntaron contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el accionar de la policía durante la jornada donde el Senado aprobó la norma. En simultáneo, los encuentros y las reuniones en el bajo recinto y en los despachos se fueron sucediendo para tratar de cambiar alguna voluntad a último momento.
Tal como ocurrió en los debates anteriores (es la tercera vez que estas leyes pasan por Diputados), la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siguió el tramo final de la sesión desde la oficina de Martín Menem, junto a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, subió a uno de los palcos para mostrar su apoyo al proyecto oficial. Pasadas las 19.30, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se hizo presente en el Congreso y se sumó a Karina Milei.
La modalidad acordada en la reunión de Labor Parlamentaria determinó que ambos proyectos se discutan en simultáneo. En general, las críticas del peronismo apuntaron contra la constitucionalidad de reponer Ganancias y Bienes Personales -adelantaron que ambos puntos serán judicializados- y sobre los efectos negativos del RIGI y la reforma laboral.
Pasada la 1 de la madrugada, llegó el momento de la votación de la Ley Bases. El formato del dictamen, que constaba de un solo artículo que ratificaba todos los cambios del Senado, fue especialmente problemático para el peronismo porque si había diputados que querían mostrar su apoyo al RIGI también debían votar afirmativamente otros puntos como la reforma laboral o las privatizaciones.
Justamente la presión de las provincias que podrían recibir las grandes inversiones generó fuertes tensiones dentro del bloque. En las reuniones de los días previos muchos diputados no quisieron adelantar cómo votarían. Para Unión por la Patria el principal problema político era no poder mostrar unidad en el bloque ante el proyecto insignia de Milei.
El sanjuanino Walberto Allende dejó en claro las diferencias internas. Tras criticar las facultades delegadas y los efectos de la reforma laboral, hizo una fuerte defensa de la minería y de la necesidad de inversiones. “No podemos acompañar pero sí dejar en claro nuestro fuerte apoyo a la actividad minera en Argentina y en particular en la provincia de San Juan”, dijo.
Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. Esta decisión fue la que le permitió sumar algunos votos extras del radicalismo, como Facundo Manes que había rechazado la ley en general, y encolumnar a gran parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que reclamaba respetar los acuerdos alcanzados en el Senado.
Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.
El resultado final arrojó un holgado resultado favorable, con 147 votos afirmativos contra 107 negativos.
