El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) expresó su más enérgico repudio a la decisión del presidente Javier Milei y su gabinete de derogar la prórroga de la Ley Nacional de Emergencia Territorial N° 26.160.
Esta normativa, vigente desde 2006, buscaba proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios y suspender los desalojos en sus tierras mientras se realizaban relevamientos territoriales.
El MOCASE VC calificó la derogación como “uno de los retrocesos más retrógrados y discriminatorios de los últimos 30 años” y señaló que constituye un atropello a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en particular el Artículo 75 inciso 17, y en tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Conflictos y violencia en el horizonte
La organización advirtió que esta medida incrementará la conflictividad social, ya que muchas familias campesinas e indígenas resistirán cualquier intento de desalojo. Asimismo, destacó que los conflictos de tierras en Argentina están marcados por una histórica asimetría económica y falta de acceso a la justicia por parte de los poseedores ancestrales.
“La solución no es apartarse del problema y negarlo, sino construir un marco de diálogo e ingeniería institucional que respete los derechos de ambas partes”, enfatizó el comunicado.
Reconocimiento al Gobierno Provincial
En contraste, el MOCASE VC destacó el compromiso del gobierno de Santiago del Estero en la búsqueda de soluciones pacíficas y equitativas a los conflictos territoriales. Según la organización, la provincia ha promovido el diálogo entre poseedores ancestrales y empresarios de buena fe, protegiendo tanto los derechos de las comunidades indígenas como el desarrollo económico genuino.
Un caso emblemático mencionado fue el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Indígena Sentimiento de mi Tierra del Pueblo Sanavirón y la empresa La Ponderosa S.A., propiedad de Norberto “Beto” Milei, hermano del presidente.
Críticas a actores nacionales
El comunicado también apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusaron de intentar intervenir en los asuntos provinciales durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, así como de promover políticas que desestimulan la autonomía de las provincias.
Finalmente, el MOCASE VC anunció que se mantendrá en estado de alerta permanente frente a posibles episodios de violencia derivados de esta decisión y ratificó su compromiso de defender los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio provincial.
Con esta postura, el movimiento se suma a las voces de rechazo a la derogación de una ley que, durante casi dos décadas, fue un pilar para la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios en Argentina.
