Cómo Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) repudiamos enérgicamente los graves hechos de violencia sucedidos en el llamado “conflicto de Sachayoj” (departamento Alberdi) entre dos empresarios que disputan los derechos de propiedad de un mismo campo. El suceso que conmocionó a toda la población santiagueña y que es objeto de un polémico proceso judicial, hoy en boca de todos los medios, fue el ingreso de 4 camionetas con 27 personas armadas lideradas por Quinteros, un nefasto personaje ya conocido en la zona de Pinto, Depto. Aguirre, por trabajar organizando bandas armadas para este tipo de trabajos sucios.
Quinteros, hoy está detenido con varios cargos en su contra, al igual que hace unos meses atrás fueron detenidos Franco Luna y Andrés Cadamuro, a su vez que se ordenó el pedido de captura nacional del delincuente Diego Kemel, hoy prófugo de la justicia, por el grave tiroteo ejecutado contra las familias indígenas organizadas de Las Abras, Depto. Mitre.
Lo cierto es que hay un hilo conductor que relaciona a todos estos personajes entre sí. Quinteros había sido empleado del empresario Cordobés Cadamuro en 2022, organizando un grupo armado que ingresó al inmueble propiedad de un empresario agropecuario de apellido Fiori. El objetivo de Cadamuro era EXPULSAR POR LA VIA ARMADA a los empleados de Fiori, y USURPAR el inmueble objeto del conflicto, en la zona rural de Pinto. Cuando analizamos el caso Sachayoj, nos damos cuenta que estamos ante un mismo modus operandi que se repite en dos localizaciones distintas de nuestro territorio provincial.
Lo que sucede es que Quinteros, como muchos otros peligrosos sujetos, ofrecen un servicio ya premeditado, pensado, sistematizado, ofertado en un mercado negro que subyace a los grandes negocios agroganaderos, conocido por empresarios que no solo usurpan sino que también tienen sospechosas vinculaciones con redes de narcotráfico. En el listado de Quinteros podemos mencionar a Milcoff, Padilla, Kemel, y tantos otros que las familias campesinas indígenas tuvieron que enfrentar injustamente en sus posesiones por obra de empresarios delincuentes como Serafín, Balbi, Giordanengo, Porta, quienes contratan a menudo estos servicios para eludir la vía judicial civil, por la cual la ley establece que deben resolverse todos estos conflictos.
Esta vez, como en el conflicto entre Cadamuro y Fiori, queda a la luz que las bandas armadas son un recurso recurrente y sistemático por el cual cierto sector empresario busca adueñarse de tierras que no le pertenecen y que esté fenómeno delictivo afecta a todo el sector privado en general, tanto a empresarios titulares como a comunidades campesinas indígenas, compuestas por familias poseedoras ancestrales.
Todo este entramado muchas veces es avalado por funcionarios del poder judicial, como es el caso de varios conflictos de tierras en la zona sur provincial, jurisdicción correspondiente al Juzgado de Añatuya, cuyo principal responsable es el Juez Álvaro Mansilla. Este funcionario es conocido desde hace varios años por otorgar medidas a favor de empresarios, en contra de comunidades campesinas indígenas, incluso de forma anticipada, sin que el debido proceso judicial llegue a una instancia de sentencia. En muchos puntos de nuestra región sur, estas medidas anticipadas otorgadas por Mansilla han servido de puntapié para el ingreso de bandas armadas contratados por el empresario beneficiado por estos malos accionares. Como son los casos de Lote 38, Lote 48 y La Simona, en el depto. General Taboada, El Chañaral, Depto. Aguirre, o en Las Abras, depto. Mitre. La llamada “Restitución Anticipada de la posesión” incluso otorgada deliberadamente en tiempos de ferias judiciales, fue siempre parte del plan sistemático de USURPACIÓN. Paso seguido, aparecía la Oficial de Justicia de Añatuya, Silvina Mansilla, acompañada por el empresario y/o el grupo armado, para notificar de la medida ordenada y con un primer impacto atemorizante por la llegada de la funcionaria, los sujetos armados recurrían a ingresar violentamente a los campos, intentando EXPULSAR a los miembros de las comunidades quienes siempre se encontraron ejerciendo una legítima defensa de sus territorios acorde al derecho que adquieren por ser poseedores.
Las consecuencias son las de público conocimiento, ataques armados dentro de los territorios comunitarios, heridos de gravedad, incluso muertes que son totalmente evitables respetando los procesos judiciales acorde al Código que lo establece, y como último recurso cuando la gravedad lo amerita, generando instancias de diálogo para el entendimiento de ambas partes involucradas y la búsqueda de una resolución del conflicto.
Por esto es importante remarcar nuevamente, que las comunidades campesinas indígenas así como los empresarios titulares de buena fé, que vivimos y producimos a lo largo y lo ancho de nuestro territorio provincial, y que aportamos a la movilidad y crecimiento de nuestra economía santiagueña, necesitamos trabajar en conjunto, por medio del diálogo, para garantizar la SEGURIDAD JURÍDICA necesaria para repeler las bandas armadas que operan en nuestra provincia.
En este tema tiene un rol fundamental el Estado Provincial quienes han tomado con responsabilidad y compromiso la bandera del diálogo, y han asumido el papel de intermediario, para poner a disposición diversos recursos y personal de diferentes carteras y así garantizar el desenlace más justo para muchos conflictos que han tenido resolución en el último tiempo.
Cómo MOCASE VC sostenemos con firmeza que no existirá otra forma para la resolución de los conflictos de tierras que no sea la vía del Diálogo y la UNIDAD, para defender nuestros derechos, nuestro desarrollo, nuestra Autonomía, el Federalismo en nuestra Patria y nuestra Soberanía
