El Gobierno Nacional ha revelado que en la provincia del Chaco, más del 60% de los beneficiarios auditados no cumplen con los criterios necesarios para seguir recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, está llevando a cabo estas auditorías que afectan a más de 1.250.000 beneficiarios a nivel nacional. Las operaciones actuales se centran en varias localidades de la provincia, gobernada por Leandro Zdero, aunque las pensiones en cuestión fueron otorgadas durante la gestión anterior de Jorge Milton Capitanich.
Durante el proceso, se ha notificado y convocado a 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (87.17%) asistieron a la auditoría. Los resultados han sido contundentes, indicando que solo 365 (13.58%) de los revisados cumplen con las condiciones para mantener su beneficio. En contraste, 1.796 (66.79%) fueron descalificados por no satisfacer los requisitos, lo que llevará a la baja de sus pensiones. Además, 345 beneficiarios (12.83%) no se presentaron, y 183 casos (6.81%) están en proceso de revisión médica.
Casos Impactantes:
- Amputación falsa: Se descubrió un caso donde una mujer afirmó haber perdido un brazo para recibir el beneficio, pero el examen reveló que no había tal amputación.
- Diagnósticos confusos: Hubo múltiples instancias donde los beneficiarios dieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud.
- Pensiones por enfermedades falsas: Ejemplos incluyen una pensión otorgada por cáncer de mama que nunca fue diagnosticado, y otra por pie plano en un niño, cuestionando la seriedad en la evaluación de casos.
- Confesiones de fraude: Una beneficiaria admitió que su empleadora gestionó su pensión para no pagarle un salario, evidenciando un esquema de evasión laboral.
Estas irregularidades han puesto de manifiesto un sistema corrupto que involucra a médicos, gestores y funcionarios, con una notoria falta de controles en el proceso de otorgamiento de pensiones.
La ANDIS ha señalado que durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos representó un 40% de los recursos destinados a estas pensiones, con una estimación de 3.400 millones de dólares perdidos anuales, debido a la ausencia de auditorías médicas rigurosas.
El fiscal federal Carlos Amad ha destacado que en Chaco, la magnitud de las pensiones por invalidez supera incluso a la de países en conflicto, como Ucrania.
