En su última modificación del presupuesto de este año, el Gobierno recortó casi medio billón de pesos de la partida destinada al pago de las jubilaciones y pensiones. Esta decisión obedece a que, en julio pasado, el Ministerio de Economía había reforzado esa asignación previendo un índice de inflación más alto. Como resultó ser más bajo, dispuso recortar ese excedente.
El Gobierno modificó el presupuesto por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1104/24 publicado el martes pasado en el Boletín Oficial. Allí instrumentó una serie de ampliaciones y de reducciones de partidas; entre estas últimas figura el recorte en el gasto destinado al pago de las jubilaciones y pensiones regulares que abona la Anses que, según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanza los $492.814 millones.
“Es menester incorporar una disminución en el presupuesto destinado al pago de prestaciones previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en virtud de que éste fue reforzado mediante el Decreto N° 594 del 5 de julio de 2024 utilizando supuestos de inflación que resultaron superiores a los efectivos”, fue el argumento que esgrimió el Gobierno en el citado DNU.
La medida, aunque legal en términos presupuestarios, desató críticas en la oposición, que le reprocha al Gobierno no haber utilizado ese saldo para compensar, al menos en parte, la fuerte pérdida del valor adquisitivo que sufrieron las jubilaciones y pensiones por el ajuste fiscal que aplicó a lo largo de este año. Según la OPC, el poder de compra promedio de las jubilaciones registró una caída del 21% real a noviembre pasado respecto del mismo período de 2023.
“El Gobierno recortó por DNU la partida destinada a atender la movilidad de los haberes jubilatorios para atender otros gastos. Argumentó que se previeron más recursos que los necesarios para cumplir con la actualización de los haberes de acuerdo al índice de inflación. Si bien su actuación es legal, lo reprochable es desde el punto de vista ético o de sensibilidad humana”, reprochó la diputada de la UCR Gabriela Brouwer de Koenig, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
La legisladora sostiene que este excedente podría haberse destinado a cubrir una parte de aquel 8% de compensación que el Gobierno nunca reconoció por la inflación de enero pasado. “Hasta el día de hoy nunca se les restituyó ese porcentaje a los jubilados argentinos”, advirtió
En efecto, el presidente Javier Milei vetó en agosto pasado la ley 27.756, promovida por un amplio sector de la oposición en el Congreso, por el cual se establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y un aumento de 8% en los haberes para compensar la pérdida sufrida por el fogonazo inflacionario de diciembre de 2023. Si bien los opositores intentaron insistir en la norma, el oficialismo alcanzó el tercio de los votos necesarios en la Cámara de Diputados para blindar el veto presidencial.
La oposición buscó revancha en la discusión del presupuesto 2025; sin embargo, el oficialismo abortó el debate en la Cámara de Diputados y se dispone a prorrogar el presupuesto actual. Ergo, no se prevén mejoras en el corto plazo para los jubilados y pensionados más allá del ajuste mensual por inflación; de hecho, el bono mensual de $70.000 que complementa las jubilaciones mínimas se mantiene congelado desde marzo.
