El Gobierno de Javier Milei avanzó con una drástica reducción en los programas de salud pública, afectando directamente la asistencia a personas con VIH, hepatitis y tuberculosis. En las últimas horas, el Ministerio de Salud oficializó el despido del 40% de los trabajadores de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis, en el marco de una política de ajuste que ya había sido anticipada por el ministro Mario Lugones, quien a principios de enero anunció la no renovación de aproximadamente 1.400 contratos estatales.
La Dirección de Respuesta al VIH es un organismo clave en la implementación de políticas de prevención y tratamiento de estas enfermedades en Argentina. Además de estos despidos, también se confirmó la reducción del 30% del personal de la Dirección de Vacunas, lo que ha generado preocupación en organizaciones y especialistas en salud pública.
Impacto en la respuesta al VIH y la salud pública
Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, advirtieron que estos recortes limitan la capacidad del Ministerio para dar respuesta a enfermedades cuya incidencia ha aumentado en los últimos años. En un comunicado, la organización denunció que “el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal”.
Los trabajadores despedidos desempeñaban funciones esenciales como la adquisición y distribución de medicamentos y tratamientos, la planificación de campañas de prevención y la realización de estudios sobre poblaciones vulnerables para diseñar estrategias efectivas de intervención. En este contexto, distintas entidades recordaron que la Ley 27.675 establece que el Estado debe garantizar la provisión de medicamentos e insumos para toda la población, por lo que delegar esta responsabilidad a las provincias podría afectar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la atención de los pacientes.
Reclamos y advertencias de organismos de salud
La Fundación Huésped, reconocida por su trabajo en la prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, expresó su preocupación ante el recorte de personal en áreas clave del Ministerio de Salud. “Nos enteramos de que los trabajadores de las direcciones de VIH y Vacunas tienen contrato solo hasta el 31 de enero. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe”, alertaron desde la entidad.
El director ejecutivo de la fundación, Leandro Cahn, advirtió que la Dirección de VIH es responsable de la compra de test, reactivos y antirretrovirales para miles de personas que se atienden en el sistema público, además de intervenir en casos donde existen problemas con obras sociales o prepagas. Asimismo, destacó que la Dirección de Vacunas es fundamental para la gestión de brotes y la distribución de vacunas en todo el país, permitiendo mantener uno de los calendarios de vacunación más completos de la región.
Desde las organizaciones afectadas señalaron que estas medidas pueden vulnerar derechos fundamentales y ser consideradas inconstitucionales, ya que incumplen compromisos asumidos por Argentina en materia de salud pública y derechos humanos. En este sentido, advirtieron que la eliminación de estos programas no solo pone en riesgo la vida de miles de personas, sino que también podría contribuir a un aumento en la propagación de enfermedades prevenibles.
