El Gobierno de Javier Milei anunció que eliminará el financiamiento estatal para los tratamientos de cambio de género en personas mayores de edad, en el marco de una serie de medidas que buscan modificar la agenda de políticas sobre diversidad y género.
Según fuentes oficiales, la medida será impulsada en el corto plazo a través de un decreto, con el objetivo de que “la salud pública no tenga la responsabilidad de mantener programas de hormonización”, según expresaron desde la Casa Rosada.
Hasta el momento, el Estado financiaba estos tratamientos a través del Ministerio de Salud, en cumplimiento de la Ley de Identidad de Género (26.743), que establece el acceso gratuito a procesos de hormonización como parte del Plan Médico Obligatorio. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que no está obligado a garantizar su financiamiento y que los recursos serán destinados a otras áreas de la salud.
Los registros oficiales muestran que el Estado invirtió más de $350 millones en tratamientos de hormonización en 2023, tras haber destinado sumas crecientes en años anteriores. En marzo de 2024, se había autorizado una licitación para la compra de insumos, aunque el Gobierno asegura que no llegó a concretarse.
Además, el Ejecutivo avanza en la disolución de la Dirección de Género y Diversidad, organismo encargado de gestionar estos programas. También planea modificaciones en la Ley de Identidad de Género, que podrían impactar en el acceso a estos tratamientos a nivel público y privado.
Esta decisión se suma a la reciente prohibición de tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, establecida a través del decreto 65/2025. Desde el Gobierno justifican la medida afirmando que los fondos deben ser reasignados a otras problemáticas de salud. En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el recorte vulnera derechos adquiridos y podría afectar la calidad de vida de muchas personas trans en el país.
