El Gobierno nacional trabaja en una reforma del Código Penal que busca endurecer las penas y modificar el régimen de cadena perpetua, con el objetivo de hacer el sistema penal más punitivo. La iniciativa será enviada al Congreso durante las sesiones ordinarias y se enmarca en un paquete más amplio de cambios en el sistema judicial y penitenciario.
Desde la Casa Rosada sostienen que “hay delitos que no admiten una reinserción en la sociedad”, por lo que buscan reformar artículos clave del Código Penal. En ese sentido, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, trabaja en los detalles técnicos de la propuesta.
Uno de los puntos centrales es la modificación de los artículos 119 y 120, que regulan los delitos contra la integridad sexual, con penas que van desde ocho hasta 20 años, dependiendo de los agravantes. También se plantea revisar el artículo 13, que actualmente permite que los condenados a prisión perpetua puedan solicitar la libertad condicional tras cumplir 35 años de condena.
Además, el Ejecutivo quiere reformar la figura del femicidio, establecida por la Ley 26.791, con la intención de equiparar las penas entre hombres y mujeres en casos de violencia dentro de la pareja. “Queremos que las penas sean las mismas”, afirman en el Gobierno.
En paralelo, la gestión avanza en modificaciones al sistema penitenciario, con la intención de ampliar la participación privada en la administración de las cárceles. La iniciativa toma como referencia el libro “Análisis económico del derecho penal”, del economista Gary Becker, que plantea que los delincuentes evalúan la probabilidad de ser atrapados y la severidad del castigo antes de cometer un crimen.
El proyecto genera debate y se espera que su tratamiento en el Congreso despierte posturas encontradas tanto en la oposición como en organismos de derechos humanos.
