Cuatro personas fueron detenidas por integrar un coto de caza ilegal de animales en peligro de extinción. La Justicia hizo lugar a una nota publicada por el diario La Nación y dos denuncias presentadas en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por dos ONG.
La investigación había iniciado en 2018, y se había archivado durante la pandemia hasta que surjan nuevas informaciones. Así ocurrió en enero pasado, y este viernes 9 de agosto se produjeron las detenciones.
El coto de caza ilegal también operaba en Santiago del Estero, por lo que se procedió al allanamiento de domicilios, depósitos y oficinas. Se repitió el operativo en la provincia de Buenos Aires y Capital. En total se realizaron 14 allanamientos que condujeron a la detención de cuatro personas.
Se trata de Jorge Néstor Noya, Federico Manuel Testa, Guillermo Funes, Marcelo Alejandro Araujo, Leonardo Martín Destefani Villafañe, Federico Gustavo Oliva y Carlos Pablo Escontrela. Sin embargo, estos últimos tres permanecen prófugos.
El delito que les endilgan es coautoría por depredación de fauna silvestre, agravado por haberse cometido de modo organizado, con el concurso de más de tres personas, y con armas y medios prohibidos. También la provisión ilegal de armas de fuego, agravado por resultar una actividad habitual.
Caza ilegal: ¿Qué encontraron en Santiago del Estero?
Uno de los coto de caza funcionaba en Santiago del Estero, y durante el allanamiento, se encontraron con vida a un puma y a dos pecaríes de collar. Los tres animales fueron liberados por la Dirección de Fauna de la provincia.
Se cree que el puma –que permanecía encerrado adentro de un barril- iba a ser ofrecido como siguiente víctima en alguno de los cotos de caza.
Los allanamientos se produjeron el lunes pasado por orden de la Fiscalía, la Policía Federal y la Brigada Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y con intervención del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.
Histórico
La orden de detención de los siete implicados en la causa es histórica porque, por primera vez en la historia judicial argentina, se produjeron detenciones por caza ilegal de animales, provisión de armas sin autorización a los clientes extranjeros de los cotos de caza y exportación de trofeos con certificados falsos.
El principal referente es Jorge Noya, propietario, director y fundador de Caza y Safari Argentina. En su página web, en su cuenta de Instagram, en el foro denominado “African Hunting” y en la web Online Hunting, ofrece el servicio de caza de fauna silvestre en distintas zonas y provincias para personas provenientes del exterior (el sitio de la organización se presenta en inglés).
La ley N°22.421 ampara a todos los animales silvestres autóctonos o exóticos, con lo cual resultan inexplicables las fotografías en las que Noya, junto a sus clientes, aparece al lado del cadáver o cadáveres de animales en peligro de extinción o cuya caza está prohibida.
En esas imágenes, se pueden contabilizar al menos cuarenta cuerpos de diferentes yaguaretés. Algunos de ellos pudieron haber sido capturados en Paraguay, Bolivia o Brasil, donde también está prohibida su cacería.
Argentina autoriza la caza de animales salvajes
La Argentina es considerada uno de los destinos más atractivos mundialmente para la cacería de animales salvajes. Ingresan al menos 20.000 cazadores por año.
De acuerdo con la ley N°22.421, cada provincia decide qué y cuántos animales podrán ser abatidos. También define las condiciones en las que lo harán.
Cada coto de caza ofrece alojamiento y distintos tipos de cacerías. Se llegan a pagar fortunas por cada trofeo: cuanto más raro, más difícil de ver o más escaso, mejor y más valioso. Lo mismo vale para cualquier destino en el mundo.
Los permisos se renuevan año a año y los responsables de otorgarlos son las autoridades de Fauna de cada provincia. En todo nuestro territorio se prohibió la caza de animales autóctonos: en particular, la cacería del yaguareté, que no está autorizada desde 1984, sin excepciones.
