Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
Cuando los que gobiernan no tienen ningún interés por la calidad institucional, la Argentina ingresa irremediablemente en una dinámica harapienta. La constante es sencilla, a la vez que pavorosa: siempre se puede estar peor. El Gobierno nacional, por estos días, ha confirmado esa variable.
Todas las alarmas se encendieron este año cuando el presidente Javier Milei resolvió, por decreto, cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de la Nación. Había un interés coyuntural en detonar ese dispostivo antirepublicano: buscaron que el estallido distrajera a la opinión pública del escándalo por la estafa con la criptomoneda “$Libra”, promocionada por el jefe de Estado. Pero terminó siendo una explosión no controlada. El nombramiento de jueces por decreto, aunque invoca una norma que viene de la Constitución de 1853, riñe con el mecanismo constitucional implementado en la reforma de 1994. Ese “decretazo”, además, ningunea al parlamento y lesiona la independencia judicial.
Hoy, por increíble que parezca, ese atropello queda en un segundo plano. Ha sido desplazado por un hecho sin parangón: ahora tenemos el máximo tribunal, el intérprete último de la Constitución de los argentinos, integrado por miembros que han sido rechazados por el Congreso. Circunstancia que la Casa Rosada, como agravante, decide ignorar. Hasta el punto de insistir con sostener designaciones insostenibles. O lo que es igual: el Ejecutivo se asume por encima del Legislativo.
Legitimidades
El jueves, con abrumadora mayoría, el Senado rechazó los pliegos del académico Manuel García-Mansilla y del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4. El primero es un catedrático que llegó a ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. El segundo, en tanto, es el epítome de “la casta” judicial.
El magistrado es un dormidor de causas. Procesó en 2014 a Amado Boudou (era el Vicepresidente) por la compra con testaferros (“The Old Found”) de la imprenta de billetes Ciccone. Pero el desenlace y la detención ocurrieron en 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri. Otra causa contra el compañero de fórmula de Cristina Kirchner fue el pago $ 7,6 millones por parte de la pobrísima Formosa a “The Old Found”. Fue en concepto de “asesoramiento” para refinanciar la deuda de esa provincia con la Nación cuando Boudou era el ministro de Economía… de la Nación. El dólar cotizaba $ 4. Lijo se declaró incompetente y giró la causa… a la Justicia de Formosa. También tuvo a cargo el escándalo de Siemens, firma alemana que admitió “coimear” para ganar los contratos de confección de DNI durante el menemismo. La causa nunca avanzó sobre los funcionarios. Desde 2017 está abierta una causa sobre el Correo Argentino, en torno de un intento de acuerdo entre la empresa (estuvo a cargo de la familia Macri) y el Estado durante el gobierno de Cambiemos, a cargo de Macri.
Ese año, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal denunció a Lijo por presunto retardo en tramitar causas. El Consejo de la Magistratura, con mayoría “K”, desestimó la acusación en 2018.
A ese juez postuló Milei, en 2024, para integrar la Corte Suprema; y este año decretó que asumiera allí. El jueves pasado, su pliego mereció 27 votos a favor y 43 en contra. Él no había llegado a jurar en el máximo tribunal: se negó a renunciar a su juzgado y pidió que le dieran una “licencia especial”.
García-Mansilla, en cambio, se incorporó a la Corte Suprema. En la última sesión, su pliego mereció sólo 20 votos favorables del Senado, contra 51 negativos. Resultó que Lijo era más “popular”…
“La decisión del Senado pone de relieve el desafío institucional inédito ante el cual se enfrenta el país”, advirtió el ya mencionado Colegio de la Abogacía. “La permanencia de jueces designados en comisión (no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad) nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la justicia toda”.
En síntesis, es la legitimidad de García-Mansilla en la Corte, así sea “en comisión” (y por tanto, hasta el 30 de noviembre), lo que ha naufragado. El nombramiento por decreto liquidó su “legitimidad de origen”. Y el rechazo del Senado obturó toda posibilidad de obtener “legitimidad de ejercicio”.
Pero el rechazo parlamentario abre también cuestionamientos de otra naturaleza: los referidos, directamente, a la “legalidad” de su permanencia en el cargo de los jueces supremos “en comisión”.
Legalidades
Con la mencionada reforma constitucional de 1994, el ya citado artículo 99, en su inciso 4, establece que el Poder Ejecutivo Nacional: “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
El superior tribunal es la máxima instancia judicial a la que pueden acudir los argentinos. Por tanto, la disposición determina que sus integrantes deben contar con la anuencia de una mayoría agravada de los senadores, que son representantes de las provincias. En la Cámara Alta, todos los distritos sientan tres parlamentarios, en absoluta igualdad. Los nombramientos de Lijo y de García-Mansilla sustituyeron ese consenso democrático calificado por la sola voluntad de una persona: el Presidente.
El mandatario justificó tamaño decisionismo con el inciso 19 del mismo artículo 99. Dice que el Ejecutivo nacional: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Dado que esta norma -proveniente de la Constitución histórica- no fue eliminada durante la enmienda de 1994, tiene vigencia plena. Ahora bien, ese inciso versa, literalmente, sobre cargos “que requieran el acuerdo del Senado”. El jueves, el Senado rechazó de manera contundente “dar acuerdo” a los pliegos de postulantes enviados por Milei.
Esta negativa no sólo es inédita (es la primera vez en la historia que el Senado rechaza propuestos por un Presidente de la Nación): también es determinante. Los jueces nombrados “en comisión”, justamente, están a la espera del aval parlamentario. Esa validación les ha sido terminantemente negada. Dicho de otro modo, estas designaciones dispuestas por decreto no van a ninguna parte.
El maestro de constitucionalistas Germán Bidart Campos, citado en el diario “La Nación” por la periodista Paz Rodríguez Niel, despejó toda duda al respecto en 1967. “La negativa senatorial explícita deja ipso jure e ipso facto sin efecto el nombramiento en comisión (para el futuro). Que la Constitución diga que el nombramiento en comisión expira al fin de la próxima legislatura no significa que el designado pueda siempre permanecer en el cargo todo ese lapso, a pesar del acuerdo expresamente denegado, sino solamente que permanecerá en el cargo durante dicho término en el único caso de que el Senado no se pronuncie”.
El Gobierno debe aceptar el pronunciamiento del Senado y dejar de insistir con mantener a García-Mansilla en la Corte. Por el contrario, su insistencia para que el académico permanezca en su despacho (al cual, por cierto, ya no concurrió el viernes) coloca al país en la frontera del conflicto de poderes: la Casa Rosada porfía con la continuidad de un magistrado en contra del expreso rechazo del Congreso. Y con ello cubre con un manto de precariedad los pronunciamientos de la Corte.
Dislates
El Gobierno libertario está en problemas. Frente al escándalo con la criptomenada “$Libra”, apuró los nombramientos de Lijo y de García-Mansilla por decreto. La intención aparente, como se ha dicho, era que el desmadre de la presunta estafa financiera fuera desplazado por el desmadre de la presunta estafa institucional. El resultado es que ahora enfrenta dos escándalos: el de la supuesta “cryptoestafa” y del histórico rechazo de pliegos en el Poder Legislativo Nacional.
Son muchos dislates para una gestión que ni siquiera ha consumido la mitad de su mandato. Con “$Libra” quedó clausurada la “luna de miel” entre Milei y la opinión pública. El romance entre el gobernante y los gobernados expiró porque se había infartado la “autoridad” de la palabra oficial. La credibilidad libertaria, de repente, dejó de latir con la incontestable masividad inicial. Y ante lo que no es creíble no hay “enamoramiento”. “Poco valor tiene lo que necesita ser demostrado”, martilló Friedrich Nietzsche en “Crepúsculo de los ídolos”. Milei pasó de promocionar la “criptomoneda” a declarar que “no estaba interiorizado”. Tan luego él, que en su currículum se presenta como catedrático nada menos que en “Teoría Monetaria”.
Salió de ese lodazal para embarrarse en otro: la propuesta de Lijo para integrar la Corte Suprema. ¿Y la lucha declarada en contra de “la casta”? Cuando lo había postulado en 2024, Milei esgrimió una explicación harto dudosa. “Hay una ventaja relativa que tiene Lijo: sabe cómo funciona el sistema de la Justicia; y si queremos hacer una reforma hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, dijo. Con esa lógica, el día que deban sustituir a Patricia Bullrrich en el Ministerio de Seguridad Nacional, al reemplazante lo van a ir a buscar a la Cárcel de Devoto…
Como el razonamiento era digno de un certificado de pobreza argumental, el Presidente apeló a su sempiterna autorreferencialidad. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar de algo. Por eso puedo ir al hueso, soy un tipo que está limpio. Necesito volver a los valores de Juan Bautista Alberdi”. Entre “SLibra” y la hemorragia de credibilidad; y la postulación de Lijo y el océano de contradicciones con sus promesas “anticasta”, la Casa Rosada se quedó sin discurso. Tanto es así que, desde hace mucho tiempo, ya no hablan de Alberdi…
Ahora, además, el Gobierno se quedó sin la iniciativa política. Ya no es el dueño de la centralidad pública. Por el contrario, en lugar de ocupar “la casilla del medio” en el escenario del poder, ahora corre detrás de los acontecimientos. El oficialismo pasó de presentarse como el “arquitecto” de un nuevo país a desempeñarse como el “bombero” de los incendios que él mismo provoca.
Hoy, el oficialismo libertario se encuentra en un sitio políticamente indeseado: sus derrotas admiten ser leídas como verdaderos triunfos de la institucionalidad.
