Valentina Olguín, reconocida influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero, fue procesada por la Justicia Federal por el delito de contrabando simulado. La joven está acusada de utilizar los datos fiscales de al menos cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior, que luego eran ingresadas al país como si fuesen importaciones legales a su nombre.
La resolución fue dictada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien ordenó su procesamiento y un embargo por $5 millones, aunque por el momento solo en relación al caso que involucra al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Olguín continuará el proceso en libertad, y su defensa ya evalúa solicitar una probation para evitar el juicio oral.
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El caso se inició en noviembre pasado, cuando Jaldo detectó tres operaciones de compra realizadas a su nombre en una tienda de Miami. Tras constatar que nadie de su entorno había realizado ese tipo de transacciones, presentó una denuncia ante la fiscalía federal de Tucumán, a cargo de Agustín Chit.
El modus operandi
“Decidimos mantener el tema en reserva para no interferir con la labor de la Justicia”, explicó Jaldo tras conocerse la noticia.
La investigación, en colaboración con la Dirección General de Aduanas, confirmó que Olguín utilizó el nombre, DNI y domicilio fiscal del mandatario tucumano para realizar compras de indumentaria, que luego eran enviadas a domicilios particulares en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. A partir de allí, se descubrió que la maniobra también había alcanzado a otros gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).
La defensa de la influencer
Según fuentes judiciales, durante su declaración indagatoria Olguín admitió haber recurrido a identidades ajenas luego de agotar su cupo personal de importación, así como el de varios familiares. Dijo haber obtenido los datos por internet y consideró que un envío a nombre de un gobernador no levantaría sospechas. No obstante, los investigadores creen que la maniobra fue planificada con mayor nivel de conocimiento y deliberación.
El delito de contrabando simulado, contemplado en el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero, prevé penas de entre 2 y 8 años de prisión. Sin embargo, al no contar con antecedentes penales y dado que no se utilizó dinero público para las operaciones —los pagos fueron realizados con fondos propios—, Olguín podría acceder a una probation. En ese marco, su abogada Claudia Paz propondría una reparación económica, posiblemente destinada al Hospital de Niños de Tucumán, y un pedido de disculpas público al gobernador Jaldo.
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Mientras tanto, el fiscal Chit envió partes del expediente a las fiscalías de las provincias afectadas para que cada jurisdicción analice si corresponde iniciar causas independientes.
Aunque el procesamiento solo incluye por ahora el caso de Jaldo, el escándalo involucra a varios mandatarios y expone una insólita maniobra de fraude fiscal con tintes de glamour digital.
