El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la gestión del Hospital Garrahan. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Marcela Campagnoli, quienes acusaron al funcionario de haber forzado la renuncia del Consejo de Administración del hospital “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”.
La investigación, que se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello, apunta a determinar si Lugones actuó por fuera de sus atribuciones legales al intervenir en la conducción del Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país.
En su requerimiento, el fiscal Marijuan solicitó al Ministerio de Salud un organigrama completo con los nombres, cargos, funciones y dependencias de todas las autoridades del hospital; un informe detallado sobre la integración del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024, incluyendo datos de contacto y antecedentes profesionales; y copias de las resoluciones del Consejo referidas a la entrega de un bono al personal de salud durante ese mes.
Según la denuncia, el bono en cuestión —proveniente de un fondo administrado por el propio Consejo— fue otorgado de manera habitual en años anteriores, sin necesidad de autorización del Ministerio. Carrió y Campagnoli sostienen que la decisión de forzar la renuncia del Consejo obedecería a un conflicto político y no a razones administrativas, y que el accionar del ministro se habría motivado por “evitar un efecto contagio” en otros hospitales frente al escenario de reclamos salariales, en un contexto de ajuste presupuestario en el área de salud.
“La arbitrariedad e ilegalidad de la medida estaría dada por el uso de facultades que no le corresponden al ministro, quien habría actuado con el único fin de disciplinar a las autoridades del hospital para que se alineen a los criterios del Ministerio, incluso en contra de la normativa vigente”, señalaron las denunciantes.
Mientras tanto, el conflicto salarial en el Garrahan continúa, con trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones laborales y denuncian recortes presupuestarios. La imputación a Lugones suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el Gobierno nacional y el personal de salud.
