Una docente de Las Termas de Río Hondo identificada como Ana Roldán presentó una demanda civil, a través de su abogado, Dr. Santiago Lastra contra la empresa FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y la concesionaria Novara Automotores. Es por el incumplimiento de un contrato de plan de ahorro para la adquisición de un vehículo 0 km, que nunca fue entregado a pesar de haber sido adjudicado y abonado en su totalidad.
La acción judicial fue iniciada por su abogado patrocinante quien argumentó que su clienta firmó en 2017 un contrato de adhesión para adquirir un automóvil Fiat Palio mediante un plan de ahorro de 84 cuotas. Con el tiempo, el modelo fue actualizado por un Fiat Cronos, lo cual fue aceptado por la docente bajo las mismas condiciones contractuales.
Se lo adjudicaron en varias oportunidades
En julio de 2023, la mujer habría resultado adjudicataria mediante la modalidad de sorteo. Tras realizar todos los pagos requeridos —incluyendo el derecho de adjudicación— se le exigió además un diferimiento de casi dos millones de pesos, bajo el argumento de una supuesta medida cautelar que habría generado descuentos que, según se denuncia, nunca fueron aplicados a sus cuotas.
La demanda señala que tanto la administradora del plan como la concesionaria habrían incumplido sus obligaciones contractuales y legales. Eso generó daños y perjuicios económicos y emocionales, además de un supuesto enriquecimiento indebido por el cobro de cuotas sin la correspondiente entrega del vehículo.
El abogado destacó que la unidad representa el primer auto 0 km de la docente, adquirido con un importante esfuerzo económico familiar, y que su uso estaba destinado tanto a la movilidad cotidiana como al bienestar de su núcleo familiar.
Reclama también la entrega inmediata del vehículo adjudicado, junto con una indemnización por los daños ocasionados por la demora injustificada, las falsas promesas de entrega y la falta de respuesta satisfactoria ante los múltiples reclamos administrativos y cartas documento cursadas.
Ambas empresas están acusadas de actuar con negligencia administrativa y contractual, en un contexto que, según el letrado, vulnera los derechos básicos del consumidor amparados en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
