En una decisión clave para la estrategia judicial del Gobierno argentino, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que respaldará a la Argentina en su apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el marco de la causa por la expropiación de YPF. Lo hará mediante la figura de amicus curiae (amigo del tribunal), en un intento por frenar el cumplimiento del fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska, que ordenaba entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo demandante, Burford Capital.
El conflicto legal se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control mayoritario de la empresa. En 2023, Preska falló a favor de Burford, que había comprado los derechos de litigio y fue considerado el principal beneficiario de una condena por USD 16.000 millones contra la Argentina.
El reciente respaldo estadounidense se oficializó a través de un escrito firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Allí se anticipa la presentación de un documento que argumentará por qué debería suspenderse la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva la apelación en curso.
El apoyo del Departamento de Justicia, aunque importante, no se extiende por ahora al fallo completo ni al reclamo monetario. El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó en su cuenta de X que el escrito busca frenar la entrega de acciones, pero no cuestiona el fallo económico de USD 16.100 millones ni se refiere a la totalidad de la causa.
Esta no es la primera vez que EE.UU. se posiciona a favor de Argentina en este conflicto. En octubre de 2023, durante la presidencia de Joe Biden, el fiscal estadounidense Damian Williams ya había recomendado a Preska rechazar el pedido de Burford, argumentando que la entrega de acciones violaría las normas de inmunidad soberana y excedería la jurisdicción de los tribunales norteamericanos sobre bienes de estados extranjeros.
Pese a ello, Preska no consideró esa sugerencia y, diez días atrás, ordenó el traspaso de las acciones. Ahora, el Gobierno argentino espera que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta este nuevo respaldo internacional.
Mientras tanto, continúa la estrategia diplomática liderada por la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro, que busca sumar el respaldo de más países como amicus curiae. Según trascendió, podrían unirse Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, entre otros.
El caso, que se convirtió en uno de los litigios más importantes a nivel internacional contra el Estado argentino, sigue abierto y en pleno desarrollo, con fuerte impacto económico y político. El respaldo estadounidense, aunque parcial, representa un importante espaldarazo para la defensa argentina, que intenta frenar las consecuencias de un fallo considerado desmedido e injusto por el Gobierno.
