La investigación por las intoxicaciones provocadas por fentanilo contaminado dio un giro clave tras la confirmación de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había emitido más de 100 expedientes con observaciones sobre los procesos productivos del laboratorio Ramallo, donde se fabricaron los lotes del medicamento que derivaron en múltiples cuadros graves y muertes.
De acuerdo a información revelada por el expediente judicial, las advertencias de ANMAT no se limitaban al fentanilo, sino que señalaban fallas generales en la calidad de fabricación de distintos productos del laboratorio. La documentación fue requerida por el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga la cadena de responsabilidades en el caso.
El hallazgo se produjo luego de que el juzgado detectara, tras dos entregas parciales de información, la existencia de un archivo de Excel con decenas de irregularidades que no había sido entregado inicialmente. Para acceder al documento, se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
El archivo podría ser clave para determinar las responsabilidades penales de los directivos del laboratorio, especialmente de Ariel Fernando García, titular del laboratorio Ramallo y del grupo HLB Pharma, empresa encargada de distribuir el fentanilo contaminado.
La causa se inició tras una denuncia presentada por la propia ANMAT, luego de que en abril pasado el Hospital Italiano de La Plata alertara sobre 18 pacientes que presentaron signos de contaminación bacteriana tras recibir fentanilo. Posteriores análisis confirmaron que las bacterias halladas en las ampollas coincidían fenotípicamente con las detectadas en los pacientes afectados.
El producto en cuestión fue elaborado en el laboratorio Ramallo durante la campaña 2024 y distribuido a casi todas las jurisdicciones del país a través de la droguería Alfarma. La Justicia identificó al menos dos lotes con desvíos de calidad.
En este contexto, el juez Kreplak ordenó la inhibición de bienes de Ariel Fernando García, sus hermanos Damián Roberto y Diego, su madre Nilda Furfaro, y su abuela Olga Luisa Arena, expresidenta de HLB Pharma. Para la Justicia, este grupo familiar habría operado mediante un entramado empresarial complejo, posiblemente diseñado para ocultar maniobras ilícitas.
Mientras tanto, se espera una pericia fundamental sobre el “Batch Record” —el registro técnico de producción— que será realizada por el Instituto Malbrán, con el objetivo de establecer si las fallas detectadas vienen de años anteriores.
Aunque por el momento no hay imputaciones formales, el volumen de pruebas recolectadas y las medidas judiciales adoptadas anticipan una inminente profundización de la causa. Según Kreplak, “las características del suceso, el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
