Un relevamiento nacional realizado por las organizaciones Ruido y Connectas volvió a poner bajo la lupa la independencia judicial en la Argentina. El estudio analizó los perfiles de los integrantes de las Cortes Supremas provinciales y del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, y reveló que en la mayoría de los casos existe una fuerte vinculación entre magistrados y gobiernos locales. Sin embargo, Santiago del Estero se posiciona como la única provincia del país donde no se registran vínculos políticos previos en la composición de su máximo tribunal.
El panorama nacional: una justicia permeada por la política
El informe relevó a 138 magistrados de todo el país y concluyó que el 64% tuvo algún tipo de relación laboral, familiar o política con gobiernos locales antes de su designación. De ese total, 76 jueces fueron nombrados por gestiones del mismo signo político con el que ya tenían vínculos previos.
Los casos más notorios de “colonización judicial” se observan en La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos, donde varios magistrados ocuparon cargos en el Ejecutivo o en legislaturas provinciales antes de asumir en los tribunales superiores.
En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela promovió la designación de su sobrina, Ana Karina Becerra, como jueza del Tribunal Superior de Justicia. A los cuatro meses de asumir, fue elegida presidenta del máximo tribunal, consolidando un entramado familiar y político que refuerza la percepción de alineamiento con el Ejecutivo. Situaciones similares se repiten en San Juan, donde los cinco miembros de la Corte tienen vínculos con exgobernadores peronistas, y en Tucumán, donde cuatro de los cinco magistrados ya habían desempeñado cargos dentro del gobierno provincial.
El informe también advierte sobre la falta de transparencia de la mayoría de los poderes judiciales provinciales: muchos tribunales no brindan información pública sobre la trayectoria de sus integrantes, lo que dificulta evaluar la independencia de los jueces que deben resolver causas de alto impacto político.
El caso Santiago del Estero: un tribunal independiente
Frente a este escenario generalizado, Santiago del Estero se distingue como una excepción en el mapa judicial argentino. Según el relevamiento, la Corte Suprema provincial es la única en la que ninguno de sus integrantes registra antecedentes laborales ni familiares vinculados al poder político local.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia está compuesto por Eduardo Federico López Alzogaray (presidente), Eduardo José Ramón Llugdar y Ana Rosa Rodríguez. Los tres magistrados desarrollaron sus carreras judiciales sin ocupar previamente cargos dentro del Ejecutivo ni en otras estructuras gubernamentales provinciales.
Este dato convierte a Santiago del Estero en un caso atípico y relevante, ya que la independencia de su Corte contrasta con la tendencia nacional de tribunales superiores con fuerte injerencia de los gobiernos de turno.
Peronismo y designaciones: la predominancia política
Otro de los hallazgos del informe es la marcada influencia del peronismo en la designación de jueces superiores: de los 138 magistrados relevados, 87 fueron nombrados por gestiones peronistas, generalmente en línea con vínculos políticos o familiares previos.
Este fenómeno refuerza la percepción de que en gran parte del país los poderes judiciales no logran consolidarse como un contrapeso real frente al Ejecutivo, sino que se mantienen subordinados o influenciados por él.
