
Este jueves se confirmó la caducidad de la demanda civil por medio de la cual Cristina Fernández de Kirchner debía pagar 22.300 millones de pesos. Fue la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal la que rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Se trata de una acción civi, iniciada el 25 de enero de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri que buscaba el resarcimiento de perjuicios al patrimonio público causados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Según argumentaron los abogados de la expresidenta, en abril se cumplieron seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento. Fue un plazo compartido entre los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.
Ante esto, el juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, aceptó el planteo por entender que Vialidad abandonó el caso entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025. A esa ventana de tiempo se le descontaron las ferias judiciales y un período en el que el trámite estuvo suspendido debido a un incidente de caducidad anterior, entre septiembre de 2023 y marzo de este año.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad, hoy a cargo de Marcelo Jorge Campoy, había apelado esa decisión. Pues alegó que en septiembre de 2023 contestó una notificación de Carlos Kirchner, quien pidió que se lo corra de la demanda civil luego de ser absuelto en la causa penal.
De acuerdo a la apelación, si se contaba esa presentación como la última acción válida, solo habían transcurrido seis días (o 12 días, si se sumaba la solicitud del 15 de septiembre de 2023 para pedir el expediente en préstamo para digitalizar documentos) hasta la notificación de la suspensión.
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi integraron el voto mayoritario de la Sala III. Ambos magistrados determinaron que la caducidad debía ser confirmada. En un fallo de 11 páginas, al que pudo acceder Infobae, ratificaron que la última acción que impulsó el caso fue la orden del juez del 17 de marzo de 2023.
Debido a que la causa estaba detenida a partir del 18 de septiembre de 2023, los jueces determinaron que los escritos que la DNV presentó después de esa fecha (como el del 21 de septiembre de 2023, el del 29 de septiembre de 2023 y el del 25 de febrero de 2025) no tuvieron valor para impulsar el procedimiento, ya que fueron actos cumplidos mientras el trámite estaba paralizado.