La Junta Interna de ATE en la Facultad del Ejército denuncia sobresueldos entre los militares. Según publica Ámbito, la demanda será presentada en las próximas horas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas, conducida por Sergio Rodríguez.
En la documentación enumeran casos como los de un cabo que oficia de chofer, pero figura como profesor con 43 horas cátedras en el Instituto Sargento Cabral del Ejército. También el del director del Instituto de Educación del Ejército a cargo de siete mil personas que, a su vez, inscribe 43 horas cátedras como profesor militar.
La ATE intenta demostrar que se están cobrando sobresueldos de manera sistemática, pese a que desde el Ejército lo niegan.
En diálogo con el medio mencionado, la Junta Interna de la Facultad del Ejército dijo que “mientras miles de docentes civiles reclaman por salarios dignos y el reconocimiento de su trabajo en las aulas, militares en situación de no permanencia cobran ‘horas profesor’ que en realidad no dictan”.
Esto, para el sindicato de trabajadores del Estado, “forma parte de un sistema de privilegios y sobresueldos encubiertos que se paga con fondos públicos y a espaldas de la comunidad educativa”.
Ante el hallazgo, el gremio destaca un sistema por medio del cual “cada vez que se produce una vacante en una materia, aprovechan la demora en cubrirse por medio de una suplencia, para nombrar a un militar de forma ‘no permanente’”.
Luego, aparecen numerosos nombramientos de una fecha a la otra. Entonces, “mirando en el sistema, encontramos que están los 460 cuadros, o sea, el personal militar, desde el director hasta el último cabo nombrados como profesores militares y todos particularmente en 43 horas, que para nosotros se convirtió en el número clave”.
La denuncia, detalla que hay personas de diferentes jerarquías que figuran como catedráticos, “pero nunca pisaron un aula”. A su vez, plantean que “computan antigüedad docente. Y en el caso de que se retiren y deseen trabajar como docentes en cualquier medio, esa antigüedad les sirve. Eso sería un doble perjuicio para el Estado”.
