La Justicia Federal N°1 de Santiago del Estero resolvió este lunes hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y ordenó al Estado nacional restituir de manera inmediata las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas tras una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión se da en el marco del amparo colectivo caratulado “Chazarreta, Nora Lucía y Otros c/Estado Nacional y Otro s/Amparo Colectivo, Expte. N° 14003/2025”.
El defensor del Pueblo, Dr. Daniel Edgardo Escobar Correa, confirmó la noticia y destacó la importancia del fallo: “Estamos muy contentos porque la Justicia nos dio la razón y reconoció la urgencia de proteger a estas personas. Se trata de ciudadanos sumamente vulnerables, cuyos derechos habían sido afectados por medidas arbitrarias del gobierno nacional”, afirmó.
Presentación judicial
La presentación judicial fue impulsada por la Defensoría junto a asociaciones vinculadas a la discapacidad, entre ellas la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes “Luz de Esperanza” y ANCADI, acompañadas por un equipo de abogados del organismo provincial. El amparo cuestionó la aplicación del Decreto N° 843/2024, que habilitó la revisión y suspensión de miles de beneficios en todo el país.
En paralelo, la resolución fue acompañada por una reunión entre referentes del sector y autoridades de la Defensoría del Pueblo. Participaron Nora Lucía Chazarreta (Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares), Blanca Quintana (Termas de Río Hondo), María del Valle Sosa (Asociación “Luz de Esperanza”), el Dr. Mario Ferreyra (ANCADI y ENDISE), Rossana Romero (Dirección Provincial de Discapacidad), Adriana Isabel Bravo (Asociación LUMEN), Adriana Elizabeth Zorribas (Centro Amigos del Ciego) y la secretaria de Derechos Humanos, Dra. Daniela Águila, junto al defensor adjunto de Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Leandro Drube.
En su resolución, el juez federal sostuvo que la suspensión masiva de estas pensiones “causa un perjuicio indudable” a personas en situación de extrema vulnerabilidad, al privarlas no solo de su único ingreso sino también de la cobertura médica del programa Incluir Salud. Además, remarcó que el colectivo beneficiario tiene “preferente tutela legal y convencional” por lo que el Estado debe garantizarles la protección integral de sus derechos fundamentales.
Finalmente, la medida cautelar ordena al Estado Nacional y a la ANDIS dejar sin efecto de manera inmediata las suspensiones en la provincia de Santiago del Estero, retrotrayendo los beneficios hasta tanto se dicte sentencia definitiva. La decisión representa un alivio para miles de familias santiagueñas que habían quedado en total desamparo a raíz de la retención de sus pensiones.
