Un hecho insólito y cargado de sospechas sacude por estas horas a una fuerza de seguridad del norte argentino. Una millonaria suma de dinero que había sido secuestrada por orden judicial y debía ser devuelta a sus dueños desapareció misteriosamente de una dependencia policial, lo que derivó en una investigación penal, un escándalo institucional y -de momento- la detención de un efectivo.
El hallazgo se produjo cuando las autoridades judiciales dispusieron la restitución del dinero a sus propietarios, más de 62 millones de pesos. Sin embargo, al momento de concretar la entrega, se constató que faltaba al menos la mitad del monto original, lo que activó de inmediato la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Recién entonces trascendió que el hecho tuvo lugar en la Brigada de Investigaciones N° 2 de la ciudad de Orán, provincia de Salta. La fiscal penal 1, Daniela Murua, quedó a cargo de la causa e imputó al oficial sospechado por los delitos de hurto calificado con llave retenida y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la investigación, el uniformado tenía bajo su custodia los fondos vinculados a una causa penal y habría retenido una llave del cofre de seguridad donde se encontraba el dinero. Ese detalle le habría permitido acceder sin autorización y sustraer parte de la suma en cuestión, que superaría los $62 millones.
La denuncia se originó tras el testimonio de personal jerárquico de la propia fuerza, que detectó irregularidades en el manejo de los bienes secuestrados. Durante los procedimientos, la fiscal ordenó el secuestro del teléfono celular del imputado, la recolección de pruebas periciales y otras medidas que podrían derivar en nuevas imputaciones.
“Hay contradicciones en las declaraciones y una demora injustificada en cumplir la orden fiscal”, señalaron fuentes judiciales, sin descartar que se amplíen las acusaciones conforme avance la causa.
Mientras tanto, la Dirección de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo y suspendió a los efectivos involucrados. “Como institución, no vamos a permitir este tipo de hechos”, remarcó el jefe de la Policía de Salta, José I. Bustos, al confirmar que el caso está bajo estricta revisión.
Desde el Ministerio de Seguridad, recordaron que durante la actual gestión del ministro Gaspar Solá Usandivaras ya se produjeron 25 exoneraciones y 20 bajas en trámite, en el marco de un proceso de “depuración interna” destinado a recuperar la confianza ciudadana.
