Lejos de resolverse con rapidez, la situación judicial de la influencer santiagueña Valentina Olguín se complica. El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, dispuso agravarle los cargos y la citación a indagatoria para el próximo 4 de noviembre, además de prohibirle salir del país mientras avance la investigación.
Según confirmaron fuentes judiciales, Olguín deberá responder por el presunto delito de “contrabando simulado en concurso real”, una figura que implica múltiples hechos independientes, cada uno con su propia sanción penal. De esta manera, el expediente deja atrás la posibilidad de una salida alternativa y se encamina hacia un juicio oral, luego de que el Ministerio Público rechazara el pedido de “probation” presentado por la defensa.
El planteo rechazado incluía una propuesta de resarcimiento y una presentación pública de disculpas hacia el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los funcionarios cuyos CUIT habrían sido utilizados sin autorización. Sin embargo, el fiscal Chit decidió avanzar con la acusación formal, al considerar que los hechos configuran un perjuicio concreto al Estado y a particulares.
Cómo se descubrió el caso
La causa se inició el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador Jaldo denunció que su CUIT personal había sido usado para realizar compras en el exterior. Las adquisiciones, efectuadas en la tienda estadounidense “Revolve”, habrían ingresado al país a través del régimen Courier, mediante la empresa FedEx, y fueron entregadas en un domicilio de Núñez, Buenos Aires.
A partir de la denuncia, se pidieron informes a Aduana Tucumán, FedEx y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que permitieron detectar al menos 16 operaciones realizadas entre septiembre y octubre de 2024. Cinco de ellas utilizaron los datos de Jaldo; otras, los de los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).
Durante un allanamiento realizado el 12 de diciembre de 2024 en el domicilio de Olguín, la Policía Federal secuestró dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y varias bolsas con prendas de la marca mencionada. Con esas pruebas, la Justicia determinó que las compras fueron declaradas con datos falsos, afectando el cupo para importaciones personales y generando un perjuicio económico superior a 1,3 millones de pesos.
