El nombre de Pablo Maximiliano Amín vuelve a estremecer a la provincia y a reavivar uno de los capítulos más oscuros de su historia criminal. Condenado a prisión perpetua por el brutal femicidio de su esposa, María Marta Arias, en 2007, el hombre conocido como “El Loco Amín” goza desde hace meses de salidas transitorias, un beneficio judicial que le permite transitar libremente por las calles de San Miguel de Tucumán bajo custodia, generando una ola de indignación pública y cuestionamientos al sistema judicial.
Un crimen que estremeció al país
El 27 de octubre de 2007, Amín —un hombre de gran contextura física, oriundo de Santiago del Estero— se encontraba junto a su esposa María Marta Arias (23) en el Catalina’s Park Hotel de Tucumán. Aquella madrugada, la habitación matrimonial se convirtió en el escenario de una de las escenas más atroces registradas en la provincia: Amín estranguló a su esposa y, en un acto de ensañamiento, mutiló su cuerpo. La autopsia reveló que la víctima presentaba cortes profundos y que le habían arrancado los ojos, un detalle que marcó para siempre la memoria colectiva tucumana.
El agresor fue sorprendido desnudo y cubierto de sangre, arrastrando el cuerpo por los pasillos del hotel en un aparente estado de delirio. Los empleados y huéspedes fueron testigos del horror. Días después, el caso ocupó portadas nacionales y quedó inscrito como uno de los femicidios más sádicos y brutales de la historia criminal argentina.
El juicio y la simulación de locura
Durante el juicio oral de 2009, la defensa de Amín intentó argumentar su inimputabilidad, alegando un supuesto brote psicótico derivado de una esquizofrenia paranoide. El acusado llegó incluso a simular comportamientos incoherentes y delirantes durante las audiencias, pronunciando frases sin sentido y realizando amenazas directas.
Sin embargo, los peritajes psiquiátricos oficiales desarmaron su estrategia: los especialistas determinaron que Amín no padecía un cuadro psicótico, sino un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos impulsivos y una clara tendencia manipuladora. La Justicia concluyó que el femicida era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen.
Finalmente, el tribunal lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento, un fallo que fue celebrado por la familia de la víctima y por organizaciones de mujeres que exigían una condena ejemplar.
El beneficio judicial que reabrió la herida
A pesar de la magnitud del delito, casi dos décadas después, Amín volvió a ser noticia por motivos que indignaron a la sociedad tucumana. En 2023, tras varios años de gestiones y recursos judiciales, la Jueza de Ejecución Penal le concedió el beneficio de salidas transitorias, basándose en informes de buena conducta y en la progresividad que establece la Ley de Ejecución Penal.
El beneficio fue ratificado por el Tribunal de Impugnación, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), que advirtió sobre el riesgo que implicaba liberar parcialmente a un hombre con alto nivel de peligrosidad y sin signos de arrepentimiento.
Desde entonces, Amín tiene permiso para salir del penal de Villa Urquiza dos veces al mes, durante un máximo de tres horas por jornada, siempre bajo custodia. Sin embargo, su sola presencia en lugares públicos ha generado temor y repudio entre los tucumanos.
Indignación social y temor
El Ministerio Público Fiscal y la querella advirtieron que el condenado dejó de tomar su medicación psiquiátrica por decisión propia, y que continúa mostrando rasgos de manipulación, impulsividad y falta de empatía. Los informes psicológicos del penal lo describen como un interno con “capacidad de adaptación aparente”, pero con riesgo latente de conducta violenta.
Por su parte, los familiares de María Marta Arias calificaron la medida como “una burla judicial” y un “agravio permanente” a la memoria de la víctima. Diversos colectivos feministas realizaron manifestaciones frente a los tribunales, exigiendo la revocación inmediata del beneficio y señalando que el caso Amín refleja una falla estructural en la justicia patriarcal, que otorga beneficios a femicidas en perjuicio de la seguridad de las mujeres.
Un debate abierto: ¿resocialización o impunidad?
El caso de Pablo Amín volvió a poner en el centro del debate la aplicación de los beneficios penitenciarios a condenados por delitos de extrema violencia, especialmente cuando no muestran arrepentimiento ni conciencia del daño causado.
Para los defensores del régimen de salidas, se trata de un derecho establecido por ley que busca favorecer la reinserción progresiva del detenido. Pero para las organizaciones de víctimas, es una afrenta a la justicia y a la sociedad, que vuelve a convivir con un símbolo de la brutalidad y la impunidad.
Hoy, a dieciocho años del crimen, Pablo Amín sigue cumpliendo su condena a perpetua, pero ya no está encerrado permanentemente. Sale, camina y respira el mismo aire que una sociedad que todavía no logra cerrar una herida abierta. Su figura, escoltada por custodios y por el fantasma del horror que protagonizó, es un recordatorio perturbador de los límites —y contradicciones— del sistema penal argentino.
