La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La medida judicial se suma al paro nacional de actividades que realizaron los trabajadores del hospital pediátrico en reclamo del cumplimiento de la norma y la asignación de los fondos necesarios para su aplicación. Además, el gremio presentó un amparo colectivo ante la Justicia federal para exigir la ejecución inmediata de la ley.
La Ley de Emergencia Pediátrica fue aprobada por el Congreso de la Nación y reglamentada por el Poder Ejecutivo, pero su aplicación quedó suspendida hasta tanto se determine la fuente de financiamiento.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, expresó Norma Lezana, secretaria general de la APyT y trabajadora del Hospital Garrahan.
Lezana cuestionó además el decreto del Gobierno que suspende la aplicación de la ley. “Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, afirmó.
A principios de mes, el Gobierno nacional había anunciado una inversión de 30 mil millones de pesos en el Hospital Garrahan, medida que, según los trabajadores, no reemplaza la obligación de aplicar la ley.
“Es insólito que un gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, sostuvo Lezana en un comunicado difundido por la organización gremial.
La denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público incluye también al ministro de Salud, Mario Lugones; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde la APyT responsabilizan a todos los integrantes del gabinete presidencial por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y anunciaron que promoverán una campaña nacional para solicitar al Congreso la activación de un juicio político contra los funcionarios mencionados.
