Trabajo rural: Prorrogan el decreto que fomenta el empleo formal y los beneficios sociales

El Gobierno una nueva prórroga para el Decreto 514/2021, que promueve el trabajo registrado y asegura el acceso a beneficios sociales para los trabajadores rurales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 777/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La prórroga, que se aplicará desde el 1° de septiembre de 2025, es una respuesta a las solicitudes del sector que representa a los trabajadores rurales y busca consolidar los avances logrados en materia de inclusión y formalización laboral.

El Decreto 514/21 fue originalmente sancionado durante la gestión anterior con para facilitar el registro laboral en actividades rurales temporales o estacionales, sin que los trabajadores tuvieran que renunciar a sus beneficios sociales, como los programas Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar.

Este enfoque está centrado en la necesidad de regularizar el empleo en el ámbito rural, que tradicionalmente ha enfrentado altos niveles de informalidad. En el artículo 3° del decreto, se establece que aquellos beneficiarios de ciertos planes sociales pueden mantener esos apoyos al ser incorporados al empleo formal.

Este mecanismo ha permitido no solo reducir la informalidad, sino también mejorar significativamente los ingresos del sector, ofreciendo una red de seguridad económica a los trabajadores.

Además, el artículo 2° de esta normativa asegura que las asignaciones familiares de estos trabajadores no sean inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que representa un avance importante en la protección económica de las familias rurales.

Según declaraciones del Gobierno, esta articulación entre políticas sociales y empleo formal ha tenido un impacto positivo en las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias, evidenciando que la formalización laboral puede ir acompañada de mejoras en el bienestar social.

La historia detrás de esta normativa se remonta a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que impulsó su creación en 2021 tras detectar dificultades para conseguir mano de obra en las economías regionales.

La problemática radicaba en que muchos beneficiarios de ayudas sociales preferían no aceptar empleos formales por el miedo a perder sus ingresos complementarios. Este fenómeno, que afecta a aproximadamente el 70% de la mano de obra rural contratada, incluye a más de 30 complejos productivos y representa el 63% de las explotaciones agropecuarias del país.

No es la primera vez que el Ejecutivo prorroga la vigencia de esta norma. Anteriormente, ya en 2023, el Decreto 423/23 había extendido su aplicación por dos años, hasta septiembre de 2025. Ante el próximo vencimiento, diversos actores de las economías regionales, sindicatos y entidades de productores habían renovado su solicitud para continuar con la medida, destacando la importancia de mantener la inclusión y la protección social en el sector rural.

Desde el Gobierno, se ha señalado que esta estrategia ha permitido avanzar notablemente en la formalización del trabajo rural y mejorar los ingresos domésticos de los hogares involucrados. Por tal motivo, se considera esencial sostener el esquema vigente por un año adicional.

En paralelo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) ha tomado medidas significativas ante la situación de vulnerabilidad de algunos trabajadores. A través de la Resolución 114/2025, publicada también en el Boletín Oficial, se han actualizado los montos de las prestaciones extraordinarias para aquellos trabajadores rurales en presunta situación de explotación laboral. Estas prestaciones ofrecen apoyo económico a quienes enfrentan contingencias sociales o de salud que les impiden generar ingresos, asegurando que no cuenten con otra fuente de sustento.

La prolongación del Decreto 514/2021 y las iniciativas complementarias de RENATRE revelan el compromiso del Gobierno en la búsqueda de condiciones laborales más justas y equitativas para los trabajadores rurales en Argentina.