La situación judicial en torno a la empleada de un bar ubicado frente a los Tribunales de la Capital sumó un nuevo capítulo. Ayer, los abogados Javier Leiva y Marcelo González presentaron ante la Justicia un hábeas corpus y un pedido de eximición de prisión a favor de Daniela Cajal, la cajera denunciada públicamente por la propietaria del local, quien la acusa de haberse llevado la recaudación del día junto con pagos a proveedores y adelantos de empleados.
De acuerdo con la denuncia, el pasado domingo por la noche la trabajadora “desapareció” con el dinero de la caja, aunque la comerciante no precisó el monto total. El caso se viralizó luego de que la dueña del bar Patsy, Café Resto difundiera un video en redes sociales relatando lo sucedido y afirmando que desde ese momento no logró volver a comunicarse con la empleada.
En la grabación, la empresaria describió que intentó contactarse con la cajera por motivos de organización interna y aseguró que, tras una breve conversación telefónica en la que la trabajadora le informó que debía realizar pagos adelantados, dejó de recibir respuestas. “Me asusto, me parecía raro porque me deja de contestar. Pasan 20 minutos, no me contestaba, llamo a su teléfono, llamo al local, llamo de nuevo y nadie me atendía”, explicó. Minutos después, recibió un mensaje en el que la empleada le decía: “Desde mañana ya no vengo”, junto con el aviso de que dejaría la llave del comercio a otra compañera.
La palabra de la cajera
Sin embargo, la versión de la defensa difiere por completo. En el escrito presentado ante la fiscal Belkis Alderete, Leiva sostuvo: “Nuestra representada tomó $300.000 correspondientes a sus haberes adeudados. Se lo informó a su patrona y se marchó”. Los abogados aseguran que Cajal no se fugó ni actuó con intención delictiva, sino que retiró un monto que, según afirman, le correspondía por salarios impagos.
La semana próxima, un juez o jueza de Control y Garantías deberá analizar los planteos defensivos y resolver si corresponde conceder la eximición de prisión, mientras continúa la investigación para determinar si la acción de la cajera configura un hecho penal o se trata de un conflicto laboral.
