En el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó acusaciones contundentes contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Las mismas revelan que habría recibido sumas de dinero en sus domicilios provenientes de pagos ilegales realizados por empresarios.
Según Stornelli, “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández”, quien, a pesar de ser la Presidenta de la Nación Argentina, habría sido la destinataria final de la mayoría de las coimas.
El departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, se menciona como uno de los centros de acopio de estos pagos ilegales, consolidando el papel de Kirchner en un esquema de corrupción que, según la fiscalía, tiene amplias ramificaciones.
Mientras que el fallecido Héctor Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner, aparece en la acusación como el intermediario que facilitó la recepción del dinero por parte de la ex presidenta.
Kirchner escuchó la lectura de las acusaciones desde su hogar, donde cumple con prisión domiciliario, tras ser condenada a seis años de prisión por el caso Vialidad. Se la imputa como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho en 22 ocasiones, lo que plantea serias preguntas sobre la gestión de su gobierno entre 2008 y 2010.
Los fiscales enumeraron diversas transacciones ilegales y concluyeron que todos los caminos llevan a la ex mandataria. Este esquema informe indica que Roberto Baratta actúa como el comunicador inicial, mientras que Muñoz desempeñó un papel crucial como intermediario final. La fiscalía destaca que solo Kirchner tenía la capacidad real de decidir el destino de los fondos mal habidos.
Entre los testimonios considerados como prueba están los del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, quien reveló que en una visita a los Kirchner observó unas 20 valijas que contenían dinero destinado a propiedades de la familia en Río Gallegos. A través de este entramado, se habría conseguido que los funcionarios públicos ejercieran influencias para favorecer a empresas privadas a cambio de sobornos.
Con esta presentación, la fiscalía busca demostrar que se había establecido una organización delictiva durante el kirchnerismo, en la que tanto Kirchner como altos funcionarios participaron activamente en la recepción de pagos ilegales. La audiencia sigue generando un gran interés mediático y social, reflejando la complejidad de la corrupción en la política argentina.
