La disputa entre el Gobierno nacional y las provincias vuelve a cobrar fuerza a partir de un dato que genera alarma en los despachos oficiales: más de $728.000 millones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) permanecen sin ejecutar, pese a que las jurisdicciones reclaman que les corresponde su distribución por ley. La falta de giro de estos recursos se convirtió en el punto más caliente de la negociación del presupuesto 2026.
Según información oficial, el fondo ATN acumuló alrededor de $860.000 millones durante 2025, pero el Ejecutivo sólo giró $131.500 millones, es decir, poco más del 15% del total. El resto quedó retenido por la Casa Rosada, profundizando la tensión con los gobernadores y agravando el cuadro financiero de cada distrito. La situación se arrastra desde 2024, cuando el uso de estos aportes también registró una fuerte caída.
Los ATN, creados para asistir a las provincias en emergencias o situaciones de desequilibrio, no se rigen por un reparto automático como la coparticipación, sino que dependen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Por eso, los mandatarios provinciales vienen insistiendo en que esta herramienta se convirtió en un mecanismo político que condiciona a las jurisdicciones. La tensión se elevó aún más después de que el presidente Javier Milei vetara la ley aprobada por el Congreso que establecía una distribución automática y proporcional.
A este conflicto se suma otro reclamo histórico: la falta de coparticipación de los Derechos de Exportación (DEX), que quedan íntegramente en manos de la Nación. La situación afecta principalmente a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, provincias con fuerte actividad agropecuaria. No es casual que Axel Kicillof, uno de los gobernadores más críticos, denunciara que “frenar el envío de estos fondos es robarle directamente a los bonaerenses”.
La presión fiscal también se ve comprometida por la caída real de la recaudación nacional. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos tributarios de octubre llegaron a $16,1 billones, con un aumento nominal del 26,5%. Pero, al ajustar por inflación, implican una merma real cercana al 3,5%. Entre las causas figura el Decreto 682/2025, por el cual el Gobierno redujo a 0% las retenciones a granos y carne para evitar una disparada del dólar en la previa electoral.
La medida generó un boom de exportaciones anticipadas en septiembre —similar a lo sucedido con el “dólar soja” durante la gestión de Sergio Massa—, pero luego derivó en una fuerte retracción en octubre y noviembre, que también se espera para diciembre. El fisco nacional enfrenta así un menor caudal de ingresos en un momento clave para definir prioridades del gasto.
En este escenario, los gobernadores advierten que la retención de los ATN, sumada a la baja recaudación y a los menores recursos automáticos, está poniendo en riesgo su capacidad para sostener servicios esenciales, obras públicas y compromisos financieros. Por eso reclaman que los fondos acumulados sean distribuidos de inmediato.
La disputa promete tensar aún más la relación entre la Casa Rosada y las provincias en las próximas semanas, mientras el Gobierno busca imponer un esquema fiscal más rígido y las jurisdicciones exigen que los recursos vuelvan a circular hacia los territorios a los que están destinados.
