Nada parece escapar a la amenaza de la motosierra del gobierno de Javier Milei y sus socios. Ahora, Luis “Toto” Caputo confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y que no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procear, Casa Propia y Fonavi. De esta manera se profundiza el desmoronamiento atroz de un área que en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza dejó 103.367 obras frenadas y más de 1800 convenios paralizados. Según los gremios, esto repercute en 170.000 empleos directos en la construcción –en un año en el que el sector sufrió una fuerte caída– y 400.000 indirectos. Además, denunciaron que hay 15.000 casas terminadas que no fueron entregadas y que hay otras tantas por terminar que se están deteriorando porque los materiales quedaron a la intemperie. La desidia es tal que hay municipios o provincias que pidieron continuar con las obras, pero Nación aún no habilitó el traspaso. Incluso, hay quienes evalúan iniciar acciones legales para que les devuelvan los terrenos que cedieron para la construcción. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital trabaja en un amparo colectivo junto a varios intendentes para frenar el cierre.
La semana pasada, Rodrigo Aybar, titular de la secretaría, les comunicó a los trabajadores el cierre a partir del 28 de febrero, lo que fue confirmado el miércoles por el ministro Caputo. En LN+, el periodista Luis Majul lo entrevistó y, como jugando al ping pong de preguntas y respuestas, le nombró los organismos que el Gobierno planeaba cerrar, Caputo asintió con la cabeza y agregó un escueto “si” en cada uno de ellos. De esa manera, ratificó que eliminará la Secretaría de Hábitat y Vivienda, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y el FISU. Además, la Subsecretaría Integración Socio Urbana, cuya función principal es el manejo del FISU –que ya no existirá–, pasará a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Así, en 30 segundos, el ministro confirmó que 500 personas quedarán en la calle, entre arquitectos/as, contadores/as, agrimensores/as, ingenieros/as, ambientalistas, trabajadores/as sociales y cuadros técnicos altamente capacitados.
De esta forma, el gobierno libertario pretende dar la estocada final a un desfinanciamiento que comenzó el mismo diciembre de 2023 con la paralización de las obras. La crueldad de la motosierra siguió el año pasado con distintas medidas, como cuando en noviembre eliminaron el fondo fiduciario del Procrear que se había creado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el que más de medio millón de familias accedieron a la casa propia. “Hace un año que nos tienen mirándonos las caras, haciendo excels con informes para destruirnos”, le dijo la secretaria general de ATE Capital en la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso, a Página/12. Y agregó: “Esto es muy grave, nunca le pagaron a nadie, ni a las constructoras, ni a las cooperativas, ni a las Pymes, a nadie. Entonces, eso va a generar juicios al Estado”.
Para los privados, todo
En el decreto en el que dieron de baja el fondo del Procrear, el argumento del Gobierno fue que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el país, la mayoría en la zona pampeana (que concentra el 36 por ciento de trabajos no completados), seguida por las provincias del Noroeste (24 por ciento) y el Noreste (con el 17). “Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas, nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones y todo eso va a terminar en un proceso judicial”, agregó Basso. Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con la obras, pero Nación no habilitó el traspaso como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires.
En un año, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Procrear y el Fondo para la Vivienda Social, que afectaron programas claves como Fonavi, Lotes con Servicio, Casa Propia, Reconstruir y Casa Activa, un programa en conjunto con PAMI y ANSES que otorgaba casas en comodato a jubilados en complejos habitacionales, con equipamientos comunes para hacer actividades educativas, deportivas y de recreación. Incluso, Milei interrumpió proyectos sustentados con fondos internacionales (Promeba y Prosofa, entre otros), que tenían una evaluación positiva de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros. En su mayoría, estaban direccionados a las poblaciones más vulnerables como las que viven en las villas o a las comunidades originarias, zonas en las que se trabaja el acceso a agua, cloacas y electricidad.
Pero los efectos van más allá del drama personal y familiar por los inminentes despidos, la falta de respuesta a los problemas habitacionales de millones de personas y los futuros juicios al Estado por parte de los contratistas, también tiene impacto en las economías locales en las que se desarrollaban las obras. Según cálculos de ATE Capital, hay 21.335 industrias afectadas por la paralización y 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos.
Todo en un año en el que la construcción cayó estrepitosamente. Según un informe de CEPA, desde que asumió Milei hasta agosto, este era uno de los sectores más afectados con una pérdida de 66.000 puestos. Además, según el índice Construya, la venta de insumos cerró el año pasado con una caída acumulada del 27,2 por ciento, fruto de la suspensión de la obra pública y del encarecimiento de los materiales. “Las constructoras, ¿Dónde van a ir a construir?, ¿Van a ir a la Villa 31, a la Fiorito que no es rentable? No, van a construir en Pilar, en Capilla del Señor, en barrios donde invierten 100 y ganan 200”, agregó Basso.
“Nosotros llegábamos a cualquier paraje y movilizábamos los circuitos económicos de los pueblos, de los parajes y de las ciudades, porque cuando vos ponés una obra de 600 viviendas en un barrio, el albañil al que por ahí se se le rompió un codo de un caño, va a la ferretería y lo compra. Además, se compra ahí la comida, hay un círculo ascendente y todo el mundo empieza a crecer: los kiosquitos, los almacenes, la ferretería. Esto es lo que rompió Milei: se muere la construcción, muere la economía”, explicó la gremialista.
En este contexto, las y los trabajadores se manifestaron ayer frente a la sede de la Secretaría de Hábitat y Vivienda en el centro porteño e hicieron un abrazo simbólico. Además, anticiparon que buscan soluciones políticas y judiciales. Por un lado, impulsarán una propuesta para frenar el desmantelamiento en el Congreso y, por otro, trabajan en un amparo colectivo junto a intendentes afectados para impedir el cierre definitivo. Acciones ante un gobierno al que nada parece saciar en sus ansias por destruirlo todo.
