La República Democrática del Congo (RDC), un país rico en recursos naturales en el centro de África, sufre las consecuencias de un conflicto armado cuyo origen se remonta a décadas atrás. La violencia desatada, impulsada por una red de intereses políticos, económicos y étnicos, exige un análisis de sus causas y efectos. El enfrentamiento tiene como base fuerzas irregulares y estatales –externas a la RDC- que han generado una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, a pesar de los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la operación de paz, denominada MONUSCO.
Las causas del conflicto
Herencia Colonial: Como muchos Estados africanos, la RDC heredó de su pasado colonial una estructura basada en la explotación de recursos naturales y el abuso de comunidades mediante el trabajo forzado. Durante el dominio de Bélgica, el saqueo y la coacción fueron una constante, dejando como legado instituciones débiles y fracturadas.
Asimismo, uno de los principales problemas derivados de la colonización fue el trazado arbitrario de fronteras que no respetó las realidades étnicas, culturales o lingüísticas del territorio. Esto agrupó a comunidades rivales dentro de un mismo país y separó a pueblos que históricamente habían estado unidos, sentando las bases de numerosos conflictos posteriores.
Gobernabilidad: Desde su independencia en 1960, la RDC no ha logrado consolidar un sistema institucional estable. Gobiernos acusados de autoritarios y corruptos, como el de Mobutu Sese Seko, entre 1965 y 1997, debilitaron el aparato estatal, impidiendo el desarrollo de instituciones legítimas. El Estado central, en este sentido, ha sido particularmente frágil en el este del país, donde grupos armados y líderes regionales han desafiado constantemente la autoridad. El actual mandatario, Felix Tshisekedi no ha podido contener la situación a pesar del envío de tropas y de declarar el estado de sitio en la región.
Por otra parte, países como Ruanda, Uganda y Angola han intervenido en la RDC para apoyar o perseguir a diferentes facciones armadas, lo que ha exacerbado la inestabilidad. El escenario se complementa con la histórica marginación política de ciertos grupos étnicos, como los hutus, quienes han denunciado su histórica falta de representación y el abandono por parte del gobierno.
Economía de guerra: la RDC es un país rico en recursos naturales estratégicos como el coltán, el cobre, el oro y los diamantes. Sin embargo, en lugar de ser una fuente de desarrollo, estos recursos han alimentado el conflicto. Grupos armados y gobiernos extranjeros han utilizado la explotación ilegal de minerales para financiar sus actividades, perpetuando la violencia. En este sentido, Ruanda y Uganda han sido señalados por intervenir en el país con el objetivo de asegurar sus propios intereses económicos. En particular, el grupo armado M23 ha sido acusado de financiarse mediante la explotación de recursos naturales, con el presunto apoyo del gobierno ruandés, denunciado por Naciones Unidas, y advertido por el Consejo de Seguridad.
Diferencias étnicas: las tensiones étnicas en la RDC se remontan al periodo colonial, cuando Bélgica favoreció a las etnias Tutsis sobre los Hutus, considerándolos superiores y fomentando un resentimiento que estalló tras la independencia. Esta división ha sido explotada por grupos armados como el M23, para justificar su lucha y movilizar apoyo. En regiones como Kivu, las rivalidades étnicas siguen siendo un factor clave en el conflicto, donde los enfrentamientos entre comunidades han generado ciclos de violencia y han contribuido al desplazamiento forzado de miles de personas.
Las Consecuencias
Suministros y acceso logístico: el bloqueo perpetrado por los grupos irregulares ya mencionados han dificultado la entrega de ayuda esencial. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que los suministros de alimentos y agua se están agotando en Goma, mientras que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció el saqueo de almacenes de ayuda, la suspensión del transporte de suministros y los riesgos crecientes para el personal humanitario.
Desplazamientos masivos: Según datos de la ONU, más de 6 millones de personas han tenido que huir de sus hogares como desplazados, y otros cientos de miles han emprendido camino a países vecinos, como refugiados. Estas personas viven en condiciones precarias en campamentos superpoblados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y atención médica. Los números recientes hablan de 700.000 personas movilizadas.
Atrocidades humanitarias: los civiles son las principales víctimas del conflicto, con efectos como el limitado acceso a alimentos que afecta a más de 27 millones de personas. La situación se completa con un sistema de salud frágil y colapsado ante enfermedades como el ébola y el cólera, según la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, el conflicto ha dejado un escenario desolador, con cadáveres en las calles, hospitales desbordados de heridos, denuncias de ejecuciones sumarias, reclutamiento forzado de niños, así como la sistemática violación a los derechos humanos, según la ONU.
Violación del derecho internacional: el derecho internacional humanitario, que protege especialmente a los civiles en conflictos tanto internos como internacionales a través del IV Convenio de Ginebra y de los Protocolos Adicionales I y II, está siendo violado sistemáticamente tanto por el Grupo rebelde M23, apoyados por Ruanda, como por las fuerzas estatales congolesas. En particular, la violencia sexual contra mujeres y niños, los desplazamientos forzados de población, así como el reclutamiento de niños soldados son considerados crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, y por ende, susceptibles de juicio ante esta institución.
Por otra parte, Ruanda ha sido señalada por violar las normas y principios del derecho internacional, al intervenir militarmente en la RDC. Particularmente, ha quebrantado los arts. 2.1 y 2.4 de la Carta de la ONU y las resoluciones 3314 y 2625 de la Asamblea General del mismo organismo. Estas normas prohíben la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, así como los actos considerados de agresión, como el apoyo de un Estado a grupos armados que ataquen otro Estado, el fomento de fuerzas irregulares o la instigación de actos de guerra civil o terrorismo.
POR: Sebastián A. Bucco, – Mgter. en Relaciones Internacionales.
