La industria láctea argentina enfrenta un nuevo golpe tras conocerse un decreto de quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma responsable de la producción de yogures y postres bajo la marca SanCor.
El fallo, emitido por el juez Federico Güerri del Juzgado Comercial 29, concluye un extenso proceso judicial y resulta en la liquidación definitiva de la compañía, dejando sin empleo a más de 400 trabajadores en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba.
La crisis que afecta a ARSA es el resultado de una complicada situación financiera y problemas de gestión que arrastra desde hace varios años. La empresa, que en tiempos recientes fue gestionada por el grupo Vicentin, pasó posteriormente a manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, vinculados a La Suipachense a través de Maralac S.A. Sin embargo, estas transiciones no lograron revertir su declive.
El concurso preventivo, iniciado en abril de 2024, se considera un intento fallido de reestructurar la empresa. Aunque se mencionó el interés de posibles compradores, como Havanna, Inverlat, Werthein y CarVal, ningún oferente se presentó para realizar un salvataje, lo que llevó a la disolución inminente de ARSA. Durante su operación, la firma mantenía una red logística que abarcaba 165 distribuidores, quienes entregaban productos a aproximadamente 70.000 comercios semanalmente.
El contexto económico del país ha sido señalado como uno de los principales culpables de esta situación. La caída del consumo y una inflación “imparable” que encarecía la materia prima y la mano de obra, junto con políticas restrictivas del anterior gobierno, fueron citadas como razones detrás del colapso de ARSA.
No obstante, desde la propia industria se argumenta que la crisis también se debe a una serie de decisiones internas erradas que agravaron la situación.
Incumplimientos reiterados
Desde el gremio Atilra se denunciaron incumplimientos reiterados, retrasos en pagos y sueldos abonados de manera parcial, así como tres años y medio sin contribuciones a la obra social. Con la quiebra confirmada, el futuro de los empleados es incierto.
Muchos de ellos ya se habían dado por despedidos ante la falta de actividad en las plantas y la ausencia de respuestas por parte de los propietarios, generando desasosiego en este sector de la economía cada vez más golpeado.
