Este jueves, el Gobierno nacional presentó una apelación ante la Cámara Federal de San Martín, desafiando la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había ordenado la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La apelación, firmada por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y su colaborador Julio Comadira, se dio en un contexto donde el juez otorgó el recurso con “efecto devolutivo”, lo que significa que la sentencia se mantiene vigente mientras se resuelve la cuestión.
González Charvay también impuso un plazo de cinco días para que el Estado presente sus fundamentos detallados en la impugnación. El 12 de diciembre, el juez había hecho lugar a un amparo colectivo que exigía la activación de la nueva ley, además de suspender la cláusula que obligaba al Congreso a especificar las fuentes de financiamiento para su aplicación.
La Ley 27.793 fue promovida por el Congreso en julio de 2025, estableciendo la emergencia en este sector hasta finales de 2027. Sin embargo, el Ejecutivo vetó la ley invocando motivos de equilibrio fiscal, aunque los legisladores insistieron en su adopción. A pesar de esto, el Gobierno emitió el Decreto 681/2025, que condicionaba la entrada en vigencia de la ley a la presentación de partidas presupuestarias claras por parte del Congreso.
Los demandantes, padres de niños con discapacidad, argumentaron que la paralización de la ley, resultante del decreto presidencial, ponía en riesgo derechos fundamentales como la salud y la educación. Por su parte, el Ministerio de Salud defendió la decisión del Ejecutivo, alegando que aplicar la ley sin financiamiento claro pondría en riesgo otras áreas esenciales del Estado.
