En una nueva edición del programa “O sea, digamos”, que se emite por Info Stream, destacados referentes del ámbito judicial y penal participaron de un profundo debate sobre la reforma del Código Penal argentino, analizando su alcance, virtudes y puntos de preocupación desde distintas miradas profesionales.
Una de las invitadas fue la Dra. Rosa Falco, integrante del Tribunal de la Cámara de Juicio Oral en lo Penal, quien destacó la relevancia del proyecto de reforma al señalar que el actual Código Penal tiene más de 100 años de vigencia y cuenta con poco más de 300 artículos, mientras que la propuesta busca ampliarlo a cerca de 900. Según explicó, ese dato por sí solo marca la dimensión y la proyección de la reforma. Falco remarcó que se trata de un proceso que debe ser doctrinario y científico, alejado de intereses políticos coyunturales, con el objetivo de construir un código que tenga estabilidad y perdure en el tiempo.
Por su parte, el Dr. Gastón Merino, juez de Control y Garantías con competencia penal y juvenil, expresó una mirada crítica y cargada de preocupación. Señaló que a lo largo de los años existieron anteproyectos de gran solvencia técnica, como el impulsado en 2013 por Eugenio Zaffaroni y Julio Maier, que nunca lograron avanzar al ámbito legislativo. En ese sentido, lamentó que se hayan perdido oportunidades valiosas para una reforma profunda. Merino sostuvo que, de aprobarse, esta iniciativa representaría una reforma integral de la codificación penal argentina, algo inédito frente a las modificaciones parciales que históricamente funcionaron como “parches” condicionados por exigencias políticas. Además, consideró que no fue convocada de manera plena toda la comunidad científica y académica, aunque reconoció aspectos positivos como la sistematización y una mayor coherencia, que facilitaría la comprensión del código por parte de los ciudadanos.
Finalmente, el Dr. Miguel Torres, abogado penalista, valoró como uno de los puntos más destacados del proyecto la unificación y sistematización en un solo cuerpo normativo de numerosas leyes que hasta ahora estaban dispersas. No obstante, advirtió que ciertos contenidos le generan preocupación desde su rol de litigante. Según su análisis, el proyecto presenta una carga ideológica de tinte político, con una postura punitiva dura que, a su entender, debería evitarse en favor de la mayor objetividad posible. Incluso, anticipó que varios artículos podrían ser declarados inconstitucionales en el futuro.
El intercambio dejó en evidencia la complejidad del debate en torno a la reforma del Código Penal, con coincidencias en la necesidad de actualización y sistematización, pero también con fuertes advertencias sobre el proceso de elaboración y las consecuencias jurídicas que podría acarrear.
