El Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de reestructuración del Estado con el impulso de una “reforma de segunda generación” del Sistema de Inteligencia Nacional. Basada en el Decreto 614/24, la iniciativa propone modificaciones profundas a la Ley 25.520 con el objetivo de dotar al organismo de mayor eficiencia, legitimidad y control estratégico, alejándolo de las históricas sospechas de vigilancia política.
Frente a las críticas de la oposición, fuentes oficiales confirmaron que el proyecto contempla un recorte real de competencias para la SIDE. El organismo dejará de intervenir en cuestiones de inteligencia interior y en la protección de infraestructura digital, tareas que serán redistribuidas para evitar la concentración de poder.
Uno de los cambios más significativos es la redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que ahora se enfocará exclusivamente en la contrainteligencia. Según el nuevo marco legal, su labor será estrictamente preventiva ante amenazas externas como el espionaje, el sabotaje o la injerencia extranjera, descartando explícitamente el uso de estas herramientas para el espionaje político interno.
Tecnología y eficiencia militar
La reforma introduce la creación de una Comunidad de Inteligencia, coordinada por la SIDE, que funcionará como un sistema automatizado de intercambio de información entre organismos especializados. Esto permitirá integrar saberes económicos, tecnológicos y ambientales, eliminando la discrecionalidad en el flujo de datos.
En el ámbito de la Defensa, se determinó la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Sus funciones serán absorbidas por el Estado Mayor Conjunto, unificando la producción de inteligencia militar y eliminando la duplicidad de tareas que existía hasta el momento.
Ciberseguridad vs. Ciberinteligencia
La propuesta establece una división tajante entre dos conceptos que hasta ahora solían mezclarse: ciberseguridad; pasará a depender de un nuevo Centro Nacional bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de la protección de redes e infraestructura y ciberinteligencia; que continuará dentro del sistema de inteligencia, enfocada exclusivamente en la obtención de conocimiento estratégico.
Para garantizar el buen uso de los recursos y la legalidad de las operaciones, la reforma transforma la actual División de Asuntos Internos en la Inspectoría General de Inteligencia. Este nuevo ente tendrá amplias facultades para realizar auditorías presupuestarias, investigaciones internas y controles de eficiencia.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca transformar al sistema de inteligencia en una herramienta técnica y profesional al servicio de la Seguridad Nacional, buscando cerrar un ciclo de décadas marcado por la opacidad y el uso partidario de los organismos de espionaje.
