La cuarta Marcha Federal Universitaria bajo la gestión actual se convirtió en una demostración de fuerza masiva que desbordó la Plaza de Mayo y se replicó en las principales capitales del país. En un clima de máxima tensión institucional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales lograron una convocatoria que unificó a estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes bajo un reclamo unánime: el fin del desfinanciamiento y el respeto irrestricto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Un duro documento contra el “desprecio institucional”
El acto central alcanzó su punto culminante con la lectura de un documento redactado por los representantes estudiantiles, quienes denunciaron un “desprecio institucional sin precedentes” por parte del Poder Ejecutivo. El texto advirtió con firmeza que el Gobierno Nacional no solo ignora una ley sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, sino que también desoye los fallos judiciales que ya ordenaron en dos instancias la recomposición inmediata de salarios y becas. Según los referentes académicos, esta postura rompe el contrato social y el estado de derecho, al permitir que el Ejecutivo decida discrecionalmente qué leyes cumple y qué sentencias acata.
La radiografía del desfinanciamiento y la asfixia presupuestaria
En términos económicos, la radiografía presentada durante la movilización fue desoladora. Se denunció que, desde la asunción del presidente Javier Milei, las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades nunca superaron el 64% del valor que tenían en enero de 2023. Esta asfixia presupuestaria se traduce en la pérdida del equivalente a casi nueve meses de transferencias, afectando no solo el pago de salarios y servicios básicos, sino también la continuidad de la investigación científica y el mantenimiento de los hospitales universitarios.
Respaldo transversal y unidad sindical
El respaldo a la movilización fue transversal y contó con la presencia de figuras de todo el arco opositor. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una de las columnas más nutridas, mientras que legisladores del peronismo, la Unión Cívica Radical y agrupaciones de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS se ubicaron en los alrededores del escenario. A este apoyo político se sumó la fuerza de las centrales obreras; la CGT y ambas CTA marcharon para exigir una recomposición salarial urgente para el sector docente y no docente, que hoy enfrenta una situación límite frente a la inflación.
El pedido a la Corte y la defensa de la soberanía científica
Hacia el final de la jornada, el mensaje se dirigió directamente a la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades académicas y los gremios solicitaron al máximo tribunal que intervenga y “no permita” que el Gobierno continúe incumpliendo la normativa vigente. La proclama cerró con una defensa estratégica de la universidad como motor de la economía y la industria nacional, advirtiendo que sin una soberanía científica y tecnológica, el futuro de prosperidad para la Argentina será imposible de alcanzar. En Santiago del Estero, el eco de este reclamo se sintió con fuerza en las puertas de la UNSE, donde la comunidad local se plantó contra el ajuste bajo la misma consigna federal: la universidad pública se defiende.
