La tensión en Medio Oriente ha escalado a niveles críticos tras la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En un escenario marcado por amenazas de ataques directos y una represión interna que ya se cobra miles de vidas, el enfrentamiento entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos entra en una fase de máxima alerta militar.
Estados Unidos ha desestimado los llamados al diálogo provenientes de Teherán, argumentando que las acciones del régimen demuestran una voluntad opuesta a la diplomacia. Según organismos internacionales, las manifestaciones en suelo iraní ya han dejado un saldo superior a las 3.400 víctimas fatales, aunque las cifras varían según la fuente: la organización HRANA documenta 2.571 fallecidos, mientras que Iran Human Rights confirma al menos 734, advirtiendo que el subregistro podría ser masivo.
En este contexto, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, lanzó una advertencia directa hacia Washington. Aseguró que cualquier acción militar estadounidense contra territorio iraní será respondida con ataques inmediatos hacia las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, así como contra cualquier país que colabore con una ofensiva. El funcionario calificó estos objetivos como legítimos y prometió una respuesta “dolorosa” para sus enemigos.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha intensificado la presión al no descartar una intervención para respaldar a los manifestantes que se movilizan desde hace dos semanas. Como señal de esta postura, Washington ya inició el traslado de activos militares aéreos, terrestres y navales hacia la región, reforzando su presencia ante el agravamiento de la crisis.
En el plano político, el ex príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi, afirmó que el sistema de gobierno iraní se encuentra al borde del colapso y calificó a la República Islámica de “enemigo interno” que ha declarado la guerra a su propio pueblo. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ratificó el apoyo del bloque a los manifestantes y defendió el uso de sanciones económicas como la herramienta principal para frenar la violencia estatal.
