El abogado Javier Leiva fue invitado a La Mañana de Info, el noticiero por streaming de Info del Estero, donde se refirió al resonante caso de distribución de material de abuso sexual infantil que se investiga en la ciudad de Quimilí. Durante la entrevista, explicó el estado de la causa, el encuadre legal y el origen de la investigación, que involucra a varias personas.
Leiva indicó que actualmente asiste legalmente a un joven de 18 años, imputado en el marco del artículo 128 del Código Penal, que sanciona la promoción, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Según precisó, el agravante en este caso radica en que las imágenes que se investigan corresponderían a niñas y niños de entre 2 y 6 años de edad.
El abogado señaló que la indagatoria del imputado estaba prevista inicialmente para el día anterior, pero debió reprogramarse por cuestiones técnicas, por lo que se realizará al mediodía de la jornada actual. Asimismo, confirmó que el joven permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.
En cuanto al origen del expediente, explicó que se trata de la “causa madre”, iniciada a partir de una denuncia proveniente de una organización no gubernamental de los Estados Unidos, especializada en la detección y combate de delitos contra menores. A partir de esa investigación inicial, se desprendieron otras causas en las que hay más personas involucradas, entre ellas un docente, efectivos policiales y otros ciudadanos, algunos de los cuales se encuentran detenidos. También se investiga la responsabilidad de un administrador de un grupo digital donde se habrían difundido las imágenes.
Leiva aclaró que, por el momento, la defensa aguarda acceder a la totalidad de las pruebas de cargo para evaluar su consistencia, en particular los informes técnicos vinculados a direcciones IP y dispositivos secuestrados. En ese sentido, recordó que en investigaciones similares con alertas internacionales los datos suelen ser precisos, aunque remarcó que cada caso debe analizarse puntualmente.
Consultado sobre las posibles penas, el abogado explicó que el delito prevé condenas de entre tres y cinco años de prisión, aunque la escala se agrava cuando el material involucra a menores de muy corta edad, incrementándose tanto el mínimo como el máximo de la pena.
Finalmente, Leiva realizó una reflexión más amplia sobre este tipo de delitos y sostuvo que se trata de conductas de extrema gravedad, con altos índices de reincidencia, y de muy difícil abordaje desde el punto de vista de la reinserción social.
