Tras una serie de allanamientos coordinados por el Departamento de Delitos Económicos, una mujer fue detenida como la principal sospechosa de liderar una red de estafas vinculadas a la adjudicación irregular de viviendas sociales.
Los operativos se centraron en los barrios Siglo XXI y Huaico Hondo, donde los investigadores lograron cercar a la imputada y recolectar evidencia. Pues, según se desprende de la investigación, la mujer decía tener “contactos” de peso en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para facilitar el acceso de los posibles adjudicatarios, a cambio de dinero.
La maniobra era usada desde principios de 2025, cuando la mujer comenzó a ganarse la confianza de las víctimas. De acuerdo a las denuncias que dieron origen a la investigación, el “modus operandi” consistía en captar a personas interesadas en obtener una vivienda, a través de intermediarios.
Les aseguraban tener contacto directo con una abogada influyente capaz de “agilizar” los expedientes y garantizar la entrega de la llave. A cambio de eso, solicitaban importantes sumas de dinero, tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias.
Para evitar ser identificados, los estafadores utilizaban identidades falsas y cuentas de terceros (conocidas como “cuentas mula”) para triangular el dinero.
Hasta el momento, la Justicia estima que el perjuicio económico total supera los 3 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra aumente a medida que aparezcan nuevos damnificados. Los afectados relataron que, tras realizar los pagos, solo recibían excusas burocráticas y promesas de fechas de entrega que nunca llegaban, prolongando la angustia durante meses.
La detenida se encuentra a disposición de la fiscalía interviniente, mientras los peritos informáticos analizan los dispositivos secuestrados en los allanamientos. El objetivo principal ahora es determinar si existen más “eslabones” involucrados en la cadena delictiva, ya sea dentro o fuera de los organismos oficiales mencionados.
